El portavoz socialista de la Mancomunidad de Agua y Servicios de la provincia de Huelva (MAS-Giahsa) y alcalde de Bonares, Juan Antonio García, ha lamentado este miércoles que la empresa pública «quiere meter a los ayuntamientos de Palos de la Frontera, Cartaya y La Palma del Condado, solo con el ciclo integral de alta y siguiendo con Aqualia, de una forma ilegítima e incumpliendo los estatutos» para «poder aprobar sus presupuestos para llevar a cabo un tarifazo» y ha pedido que los presupuestos sean «justos y sociales».
Así lo ha manifestado García en rueda de prensa, donde ha señalado que están recogiendo firmas en los 69 ayuntamientos que están dentro de la propia MAS para acudir al Defensor del Pueblo Andaluz «para poderle entregar todas las firmas, que ya son miles los vecinos que han firmado, y que se tengan en cuenta, porque es de justicia que la subida sea una subida razonable, pero no ese sablazo que se quiere dar al bolsillo de los ciudadanos».
García ha lamentado que «se ha llevado a cabo un tarifazo que supone en el caso de la MAS un 20, un 50, un 90%», cantidades «incomprensibles y que sirve pues únicamente pues para poder seguir gestionando de una manera inusual y, posiblemente intentando descubrir deficiencias que se van a producir con salidas de algunos otros ayuntamientos ya en connivencia con el gobierno actual del Partido Popular».
«Una vez más se pone manifiesto tanto en la MAS como en el ayuntamiento de Huelva, que cuando el PP está en la oposición dice que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos, que ellos quieren bajar los impuestos y lo que vemos es que sí, bajan los impuestos a las familias que más tienen, pero cuando llegan al gobierno lo que hacen es que ponen unos impuestos mucho mayores de lo que sería lo razonable y lo hacen además de una manera totalmente sin compensación de ninguna otra clase y sin contar con la oposición», ha manifestado.
Por ello, García ha subrayado que el PSOE «no se va a quedar solo en la recogida de firmas» sino que también están pidiendo información «con objeto de que haya transparencia», de forma que han pedido «la revisión de oficio del Decreto de la Presidencia con la salida de Almonte, puesto que aquella salida fue incumplía los estatutos» y también han presentado alegaciones a la incorporación de un ayuntamiento «de los tres que quiere incorporar».
En este sentido, ha señalado que el PP «como ve que no tiene los votos suficientes y no va a poder aprobar los presupuestos, está intentando de una manera totalmente ilegítima, incumpliendo los estatutos, meter ayuntamientos de una forma que no se acoge. Quieren meter a los ayuntamientos que no están en este momento, simplemente entrando con el ciclo integral de alta, incumpliendo los estatutos en su artículo 5.1».
«En nuestro estatuto dice que en la Más, o se está de forma integral con todos los servicios o no se está. No se puede estar de forma parcial, por eso hemos presentado el recurso sobre la salida de Almonte y la esta alegación sobre la incorporación de estos ayuntamientos que tienen el ciclo integral de agua con Aqualia pero quieren entrar con el ciclo integral de alta en la Más simplemente para darle los votos al PP y que pueda tener esta mayoría para hacer lo que le dan la gana, entre otras cosas, el tarifazo», ha dicho.
El socialista ha explicado que, además, esto afecta «de forma negativa» a otros ayuntamientos y municipios que, como el suyo, tiene el ciclo integral con Giahsa, puesto que estos ayuntamientos «podría decidir de los acuerdos que se desarrollen en la Más, los acuerdos de cualquier otro pueblo que tiene el ciclo completo» y que eso «no lo vamos a permitir».
Al respecto, García ha explicado que también han solicitado, «desde el punto de vista de transparencia», los distintos convenios que tiene la Más con los ayuntamientos «para que lo cumplan, porque se está incumpliendo, no se nos está pagando el 1% y el 3% de la recogida de residuos, la recogida de voluminosos y del ciclo integral del agua, no se está cumpliendo con la aportación de los materiales a la hora de la ejecución de las obras y no se está cumpliendo con la prestación de servicios de la recogida de voluminosos».
«Por lo tanto, el objetivo es simplemente que la mancomunidad sea un proyecto solidario, un proyecto cooperativo, un proyecto donde equipamos todo pero, eso sí, cumpliendo con los estatutos y para ello haremos todo lo que haga falta. No nos vamos a quedar quietos», ha afirmado.
Mensaje a los ayuntamientos independientes
Con respecto a estas cuestiones, el socialista ha mandado un mensaje a los ayuntamientos gobernados por los Independientes que se encuentran dentro de la MAS, «que algunos se abstienen, no acuden a los plenos o están apoyando al Partido Popular», para que «sepan que en el momento que el PP sea capaz de que estos tres pueblos, La Palma, Palos o Cartaya entren, ellos pasarán totalmente a la irrelevancia».
«Ya no van a servir sus votos absolutamente para nada y por supuesto serán cómplices, o bien por omisión o bien porque así lo hayan aprobado de este tarifazo y de todas las cosas que se estén haciendo en la mancomunidad para que no preste el servicio que todos queremos», ha reprochado.
García ha insistido en que los socialistas que la mancomunidad «siga prestando los mismos servicios que hasta ahora, con la misma calidad, eficiencia y eficacia, que tenga rumbo, que no lo tiene en estos momentos» y que tenga «unos presupuestos, que no lo tiene en estos momentos, y además que sean justos, sociales y transparentes, cosa que tampoco lo es ni nos parece que sean unos presupuestos razonables con esta subida».
«Manipulación de dartos»
Por otra parte, el alcalde de Bonares ha querido denunciar «la manipulación que se está haciendo de los datos que últimamente está sacando su presidente, donde habla de una deuda de 167 millones de euros, que es falsa totalmente», señalando que la deuda es «parte de un compromiso de pago a 30 años, fruto de un acuerdo de todos los miembros de la mancomunidad en 2010 y que fue aprobado por unanimidad».
En este sentido, el dirigente socialista ha especificado que hay varias estructuras de formas de pago con los ayuntamientos. La primera, «mantener el calendario de pago pactado de los 30 años, de 2011 a 2040 quedando por abonar del 2026 a 2040, a 33 ayuntamientos para dar estabilidad a la MAS, como tiene Villalba del Alcor, municipio del presidente de Giahsa, Diego del Toro».
La segunda, «se deja el 33% de la deuda para obras de las redes de los ayuntamientos» y el resto «pasa a ser deuda con el banco, que cobra de una sola vez como es el caso de Punta Umbría». Y en una tercera opción, «se reestructura para invertir en redes municipales del 33% y el resto lo cobran en anualidades desde 2021 a 2040, como es el caso de Ayamonte».
«Aquí no hay ningún tipo de fraude, de deuda alarmante, sino que hay una serie de compromisos. Es más, una vez conocida la cuenta de explotación de Giahsa en el año 2023, se ha cerrado con un superávit, con un beneficio de tres millones de euros, lo que pone de manifiesto la buena gestión que se ha venido haciendo por parte del Partido Socialista. Y se encuentran en las cuentas de la propia mancomunidad 58 millones de euros. Una empresa que estuviera en mal estado o en quiebra no tendría estas cifras», ha concluido.
