La empresa Palparking ha anunciado, tras la resolución de las alegaciones aprobada este lunes en el pleno del Ayuntamiento de Huelva, que recurrirá esta decisión «y defenderá su actividad, y a la propia empresa y a sus trabajadores, con todos los recursos legales administrativos y contenciosos necesarios para la protección de sus derechos».

En una nota de prensa, el gerente de Palparking S.L. ha explicado que «no buscamos ninguna confrontación con el equipo de gobierno, y de hecho venimos demandado desde hace un año y en múltiples ocasiones reuniones con la alcaldesa, Pilar Miranda, sin resultado alguno, de lo que nos sentimos profundamente decepcionados como empresa onubense que somos y vecinos de Huelva».

Desgraciadamente, continúa Camacho, «el equipo de gobierno, con Pilar Miranda a la cabeza, se empeña en continuar presionando y acosando a Palparking S.L. con un expediente de desahucio que es nulo en derecho al haberse caducado y lo que intentan es de manera ‘torticera’ continuar el mismo cuando les consta su no conformidad a derecho».

«A pesar de estas presiones incompresibles, –apunta Marco Antonio Camacho–, mantenemos una empresa con todos sus trabajadores al día en el abono de sus salarios y cotizaciones de seguros sociales, vacaciones, etc. Estamos prestando un servicio a la ciudad de Huelva y tenemos la voluntad de seguir prestándolo. Insisto en recordar que la actividad de estos aparcamientos están autorizadas hasta el inicio real de las obras  del Parque del Ferrocarril y no sujeto a las simples promesas urbanísticas del actual Gobierno Municipal  que lo único que ha hecho es publicitar actuaciones que después no ejecuta».

Asimismo, Camacho ha recordado que «nuestra empresa ha realizado un importante desembolso económico invirtiendo en la mejora de estos espacios que estaban degradados, generando empleo, convirtiéndolos en parcelas cuidadas, seguras, con luz y sobre todo sin ‘gorrillas’ con la tranquilidad que conlleva para los vecinos y para los abonados y clientes de estos aparcamientos».

«Es evidente, –lamenta el gerente de Palparking S.L.–, que el equipo de gobierno municipal demuestra una vez más su falta de talante democrático y de diálogo con las empresas de Huelva y sus trabajadores que como nosotros sólo pretendemos cubrir las necesidades de aparcamientos que tenemos los ciudadanos onubenses».

De igual modo, el gerente Palparking S.L, Marco Antonio Camacho ha querido dejar claro, «ante las falsedades vertidas por el equipo de gobierno, que sí tenemos autorización de la Junta de Compensación y que el Ayuntamiento ha concedido las licencias y de este modo prestamos un servicio a todos los onubenses para dotarlos de aparcamientos tanto en rotación como abonados que tan necesarios son».

Por tanto, explica Camacho, «nuestra actividad cumple escrupulosamente la ley y cuenta con todas las autorizaciones administrativas necesarias». Así, Palparking S.L. insiste en que «la actividad se desarrolla con la concesión de las oportunas licencias municipales de obra y de actividad otorgadas por el Ayuntamiento de Huelva tras la tramitación de los correspondientes procedimientos administrativos, en los se emitieron los necesarios informes de los servicios técnicos y jurídicos municipales, favorables a su concesión firmados por los propios técnicos municipales».

Marco Antonio Camacho también ha destacado que «somos una empresa totalmente onubense con casi una década de experiencia de la que dependen 20 familias y que presta un servicio con una licencia concedida de manera totalmente legal y regular avalada por los técnicos del Ayuntamiento de Huelva  y por tanto vamos a defender nuestro derecho como empresa, el de nuestros trabajadores y el de nuestros abonados».

«Sesconocemos el motivo por el que nuestro Ayuntamiento actúa de esta manera obsesiva de persecución con una empresa de la ciudad y contra sus trabajadores cuya actividad es totalmente legal y da un servicio necesario generando así incertidumbre a trabajadores y familias», asevera Camcho.

La empresa Palparking, por último, ha anunciado también que va a emprender acciones legales «contra aquellas personas que a través de sus manifestaciones pongan en tela de juicio dicha legalidad y atenten por tanto contra el honor de nuestra empresa y de sus trabajadores y trabajadoras».