22 octubre 2024

El Ayuntamiento de Huelva recibe la visita del presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía

Pilar Miranda recibe a Manuel Alejandro Cardenete en la primera toma de contacto desde que el dirigente tomara posesión de su cargo el pasado mes de marzo, sustituyendo a Carmen Núñez

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, acompañada del teniente de alcaldesa de Economía y Hacienda, Francisco Muñoz, ha recibido este jueves en su despacho consistorial al presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Manuel Alejandro Cardenete en la primera toma de contacto desde que el dirigente tomara posesión de su cargo el pasado mes de marzo, sustituyendo a Carmen Núñez, quien había finalizado su mandato.

Tal y como han comentado ambos dirigentes, esta visita se trata de una primera toma de contacto, enmarcada dentro de la ronda de visitas institucionales que el presidente del órgano andaluz está realizando para conseguir la difusión de su actividad, así como un acercamiento a la labor que desarrolla la Cámara de Cuentas.

En este contexto, la alcaldesa ha agradecido a Cardenete su visita a Huelva, y ha puesto el foco en la importancia de contar “con unas administraciones transparentes en la gestión, un aspecto que me propuse potenciar desde mi llegada a la Alcaldía, porque es la manera de mostrar a la ciudadanía a dónde se dirigen los recursos públicos, de fiscalizar el trabajo de los gobernantes, y por ello he apostado por la digitalización de la administración pública, la mejor herramienta para contar con un Ayuntamiento transparente”.

Hay que recordar que la Cámara de Cuentas de Andalucía se creó por Ley 1/1988, de 17 de marzo, como el órgano técnico dependiente del Parlamento de Andalucía al que corresponde la fiscalización externa de la gestión económica, financiera y contable de los fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Concretamente, las funciones propias de la Cámara de Cuentas de Andalucía son fiscalizar la actividad económico-financiera del sector público de Andalucía, velando por la legalidad y eficiencia de cuantos actos den lugar al reconocimiento de derechos y obligaciones de contenido económico, así como de los ingresos y pagos que de ellos se deriven y, en general, de la recaudación, inversión o aplicación de los fondos públicos.

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