Un informe solicitado por el alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino (UPU), al Departamento de Intervención considera «inviable» la venta de la antigua Residencia de Tiempo Libre como opción para que el Ayuntamiento obtenga los recursos económicos que necesita en la construcción de 48 viviendas en régimen de alquiler social.

El alcalde ha pedido este informe a Intervención con el fin de «poder considerar la moción que conjuntamente ha presentado la oposición –formada por PP, PSOE e IU– sobre esta alternativa», ha indicado el Consistorio en un nota.

El Ayuntamiento de Punta Umbría ha conseguido una subvención de más de dos millones de euros del Gobierno central y la Junta de Andalucía para la construcción de 48 viviendas en régimen de alquiler social, en una parcela municipal, en la calle Juan Hernández González, pero «para no perder esta ayuda», el Ayuntamiento «tiene que aportar su parte», que asciende a 2,5 millones de euros, antes de que finalice el primer trimestre de 2025 y acabar la construcción de las viviendas en diciembre de 2026.

Según recoge el citado informe de la Intervención municipal, la venta de la antigua Residencia de Tiempo Libre que propone la oposición para conseguir la parte del Ayuntamiento, esos 2,5 millones de euros, «incumple la Ley 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera». En su artículo 12.5 «dice textualmente que los ingresos que se obtengan por encima de lo previsto se destinarán íntegramente a reducir el nivel de deuda pública».

De igual forma, se expresa en el informe de Intervención que la Residencia de Tiempo Libre es «un bien patrimonial que no está incluida en el catálogo del Patrimonio Municipal del Suelo, PMS». Este es otro motivo «de la obligatoriedad» de destinar los ingresos que se obtengan de su venta a reducir el nivel de deuda pública «y no a financiar otros fines como la construcción de vivienda protegida», dice el documento.

Además, el Ayuntamiento ha señalado que «la ley obliga a que los ingresos que se obtienen de la venta de los suelos que están en catálogo del Patrimonio Municipal del Suelo se tienen que destinar a usos de interés social, como viviendas protegidas». El resto de los ingresos por la venta de suelos que no están en el mencionado catálogo «hay que dirigirlos a reducir la deuda pública».