El portavoz del grupo de La Izquierda en la Diputación Provincial de Huelva (Izquierda Unida, Verdes Equo, Podemos e Iniciativa del Pueblo Andaluz), Marcos Toti, llevará al próximo pleno una propuesta para reclamar «medidas urgentes» en materia de vivienda, entre las que destaca el compromiso de la Diputación de «dotar con el 2% de su presupuesto en 2026 a la Empresa Provincial de Vivienda para impulsar políticas de vivienda pública».
Según ha indicado la coalición en una nota de prensa, Toti ha expuesto el «creciente problema de acceso a la vivienda, especialmente entre los jóvenes, que sufren la mayor tasa de paro del país y los peores salarios». A esta situación se suma, a su juicio, la «inactividad total» de la Diputación en materia de vivienda, «limitándose a asignar una cantidad simbólica de 5.000 euros anuales a su empresa pública de vivienda, que permanece inoperativa».
«En contraste, otras diputaciones andaluzas como las de Almería, Córdoba o Sevilla sí han destinado fondos significativos a la promoción de vivienda pública o social. No podemos permitir que Huelva se quede atrás mientras otras provincias avanzan», ha señalado.
Revisión del decreto autonómico
La moción también insta a la Junta de Andalucía a revisar su Decreto-Ley de «medidas urgentes» en materia de vivienda, que ha supuesto un «fuerte incremento del precio máximo de las viviendas protegidas». En municipios como Huelva capital, el precio del metro cuadrado «ha pasado de 1.700 a 2.144 euros». «Con este nuevo modelo, las VPO pueden alcanzar precios similares a los del mercado libre, lo que desvirtúa completamente su función social», ha alertado Toti.
«El decreto, además, favorece la especulación al permitir que estas viviendas sean revendidas a precio máximo tras solo siete años, reduce su periodo de protección, y amplía el umbral de ingresos para acceder a ellas, alejando a los colectivos realmente vulnerables. Declaración de Zonas Tensionadas y aplicación de recargos a viviendas vacías», ha añadido.
Entre las medidas incluidas en la iniciativa, Toti también propone que la Junta declare Zonas Tensionadas en aquellos municipios que cumplan con los criterios fijados por la Ley Estatal de Vivienda, «lo que permitiría contener el precio de los alquileres». Asimismo, reclama la aplicación del recargo del IBI a grandes tenedores con viviendas vacías para «aumentar la oferta de alquiler disponible». Por último, la moción pide tanto a la Junta como al Gobierno central que «destinen al menos el 2% del PIB a políticas activas de vivienda, y que se abra un proceso de diálogo para desarrollar de forma efectiva la Ley estatal aprobada en 2023».
«El acceso a la vivienda no puede depender del mercado. Es una obligación constitucional y un derecho básico que las administraciones deben garantizar con voluntad política y presupuesto», ha concluido el diputado.
