El vicepresidente del Congreso y presidente del PSOE de Huelva, Javier Barrero, ha mostrado su oposición al anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales del Gobierno del PP llevado a cabo “sin dialogar con los profesionales de la justicia y sin tener en cuenta las consecuencias de la misma, ya que unificar las profesiones de abogado y procurador como pretende el PP, sin garantizar el servicio de la justicia a los ciudadanos, puede traer consigo un colapso”.
Así lo ha puesto de manifiesto tras mantener un encuentro con la Junta Directiva del Colegio de Procuradores de Huelva, quienes han manifestado la “preocupación y malestar” del colectivo, unos cien procuradores en la provincia de Huelva, porque entienden, a juicio del decano de este Colegio, Enrique Hinojosa de Guzmán, que “ataca a estos profesionales de la justicia, pero también a la propia ciudadanía, ya que este proyecto pretende quitar la incompatibilidad existente entre abogado y procurador, algo que no desea ninguno de estos colectivos, y esto puede repercutir en que el servicio se ralentice”.
Por ello, el diputado nacional por Huelva ha reprochado un proyecto de ley que no ha sido acordado con ningún grupo a los que afecta, una medida con la que el Gobierno del PP “quiere unificar dos profesiones, abogado y procurador, que se complementan y garantizan un mejor servicio a los ciudadanos, sin conocer las consecuencias que ello pueda suponer y sin garantizar el buen servicio de la justicia para los ciudadanos”.
Javier Barrero ha defendido la función que realizan por separado cada uno de los profesionales en el ámbito de la administración de la justicia, “ya que se han sostenido con equilibrio durante muchos años y si esto cambia, el PP debe dar razones contundentes para ello, y que se garantice este servicio a los ciudadanos; si no las hay nosotros no podemos apoyar este tipo de proyectos”.
En esta línea, el PSOE pedirá al PP que “ante la falta de diálogo que ha tenido este borrador, inicie un proceso de negociación con los profesionales para que esta ley se haga con consenso y con la complicidad entre el Gobierno y los procuradores”.
El decano del Colegio de Procuradores ha abogado, además, por “reforzar la figura del procurador, como se está haciendo en el resto de Europa, dándole más competencias y aprovechándola en un momento de crisis en la que faltan recursos humanos y materiales en la administración”. Por ello, consideran que es un “grave error este anteproyecto de ley por la labor tan importante que desarrollan y que se hace a coste cero para la administración”.
