Según han informado a Europa Press fuentes judiciales, en el caso de Huelva, la Fiscalía Provincial archivó el pasado mes de mayo estas diligencias al haber transcurrido el plazo legal de seis meses y existir además otra investigación abierta por la Fiscalía de Sala.

Estos hechos comenzaron a investigarse tras la denuncia presentada por un extrabajador de la empresa Ercros por presuntas prácticas delictivas en las plantas de esta compañía.

Cabe recordar que el pasado mes de noviembre, tanto Facua-Consumidores en Acción como IULV-CA dieron traslado a la Fiscalía de Huelva de la documentación que pone de manifiesto estas supuestas filtraciones.

Estas denuncias se referían a posibles irregularidades acaecidas entre los años 2007 y 2013 en las instalaciones de la empresa en la citada planta onubense, que ocupa unas 33 hectáreas dedicadas a la elaboración de sosa y cloro a partir de sal marina.

Los denunciantes refieren posibles delitos medioambientales así como delitos contra la salud pública haciendo referencia a una «trama empresarial» consistente en resumen en ocultar y falsear información ambiental del funcionamiento de la instalación a la Administración Ambiental competente, en este caso a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, en el marco de la labor de control e inspección derivada de la concesión de Autorización Ambiental Integrada (AAI) otorgada en 2008 y actualizada en 2014.

En concreto se denunciaban posibles filtraciones tóxicas –de hidrocarburos y clorados volátiles– a las aguas subterráneas del lugar y a la ría del Odiel situada a unos 500 metros, emisiones de mercurio a la atmósfera superando los límites legales, transportes de dicha sustancia falseando los datos de la cantidad transportada y posibles daños a la salud de los trabajadores derivados de la presencia de productos cancerígenos y tóxicos.