El titular del Juzgado de Instrucción 16 de Madrid ha condenado a la aseguradora del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva a pagar 420.000 euros a los padres de una niña de ocho años de edad que ingresó en el citado centro hospitalario el 24 de diciembre de 2005 aquejada de una apendicitis y que falleció tres días después a causa de una mortal infección.

Estos padres reclamaron por vía civil esta cantidad, 220.000 por intereses de demora y otros 200.000 por la indemnización impuesta por el juez. Ahora el Juzgado cree que hubo negligencia por parte de los médicos «por no haber administrado profilaxis antibiótica que, según todos los informes médicos, era necesaria» y señala también la ausencia de consentimiento informado, ya que el existente «solo se refiere a la anestesia con breve referencia a la intervención».

En este sentido, la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press y que es recurrible en apelación ante la Audiencia de Madrid, apunta que el consentimiento «recoge de forma genérica, sin concreción alguna, como riesgos más importantes por las circunstancias del paciente, las complicaciones recogidas en el consentimiento informado de la anestesia».

A su juicio, se trata de un consentimiento «insuficiente e inexistente dado que nada especifica sobre los riesgos de dicha operación de apendicitis», toda vez que el médico forense considera que debería recoger la posibilidad de peritonitis.

El juez recuerda que el propio perito de la demandada reconoce en el acto del juicio que «se incumplió el protocolo del hospital al no administrar antibióticos», a lo que añade que la negligencia médica viene determinada por «un error en el diagnóstico y por una desviación del protocolo a seguir constituyendo ello una mala praxis».

Este caso ya está cerrado por la vía penal desde abril de 2014 cuando la Audiencia Provincial de Huelva absolvió al cirujano y a la pediatra del citado hospital, que fueron condenados el año anterior por el Juzgado de lo Penal número 1 de Huelva a un año y medio de prisión y a tres años de inhabilitación, así como al pago conjunta y solidariamente de 200.000 como responsabilidad civil, por un delito de homicidio por imprudencia, tras la muerte de esta niña.

Sin embargo dos años después, concretamente el pasado mes de abril, el Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid celebró esta vista oral por la reclamación de esta indemnización, después de que la aseguradora le abonara 88.000 euros al considerar la muerte como accidente de tráfico, pero finalmente el juez considera que hubo negligencia.