La Junta de Andalucía ha solicitado la colaboración de las asociaciones de usuarios y consumidores con el fin de difundir información sobre una práctica fraudulenta detectada en la provincia de Huelva como es la realización de inspecciones del gas sin preaviso bajo amenaza de corte o multa si el usuario no accede. En lo que va de año, las denuncias por estas prácticas llegan al centenar.

Según ha señalado el delegado del Gobierno andaluz, José Fiscal, durante la celebración esta miércoles del Consejo Provincial de Consumo, «con la excusa de realizar el examen periódico de la instalación sin avisar con antelación, supuestos inspectores se presentan en domicilios particulares y aprovechan el desconocimiento de la normativa para hacer un uso fraudulento de estas revisiones».

También se ha informado a los miembros del consejo del anteproyecto de Ley de protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación hipotecaria de vivienda aprobado 17 de septiembre por el Consejo de Gobierno. En este sentido, el delegado del Gobierno ha afirmado que se trata de «una norma pionera en el conjunto del Estado y transformadora, que va a dar paso a otras dirigidas a reforzar la protección de los derechos de las personas consumidoras en un tema tan sensible como es la suscripción de una hipoteca para adquirir una vivienda, evitando abusos y condiciones no deseables».

La Junta ha dado un paso más hacia la prevención y la protección para acabar con la vulnerabilidad del ciudadano como consumidor, protegiendo a las familias del desequilibrio con las entidades bancarias, y garantizando la transparencia y claridad en la firma de contratos hipotecarios, según ha informado la Administración en un comunicado.

El 11 de octubre tendrá lugar una jornada centrada en la gestión de la red de alerta de productos de consumo no alimenticios para explicar el interés del Gobierno andaluz en suscribir con los ayuntamientos un protocolo para detectar y retirar productos inseguros en sus municipios y contribuir así a una eficaz protección de la salud y seguridad de las personas consumidoras. La Red de Alerta es un sistema de intercambio rápido de información, de alcance europeo, nacional y autonómico, sobre productos no alimenticios que entrañan riesgos para los consumidores.

El objetivo es implantar un protocolo técnico de comunicación entre el Servicio de Consumo de la Delegación del Gobierno y los consistorios «para facilitar la rápida adopción de medidas administrativas preventivas ante situaciones de riesgo inaceptable para la seguridad de las personas consumidoras y usuarias en el ámbito competencial del municipio», ha aclarado Fiscal.

La comisión también ha designado a Belén Castillo, como representante de las asociaciones de consumidores y usuarios ante el Consejo Económico y Social de la provincia de Huelva, recientemente renovado por parte de la Diputación Provincial. Se trata de un órgano colegiado, de carácter consultivo, de participación, de mediación, de diálogo y de concertación en materia de las personas consumidoras y usuarias.

En el seno de esta comisión provincial, donde se encuentran representadas organizaciones de personas consumidoras y usuarias, organizaciones empresariales y administraciones públicas, se realizan funciones como la emisión de informes acerca de las consultas que puedan ser planteadas; se actúa como órgano de mediación al objeto de instar al acuerdo entre las partes en los conflictos, y se promueve la colaboración y el diálogo entre empresarios y consumidores.