Aquilino García, secretario de la sección sindical de CCOO en Justicia, ha explicado que “en base a la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía correspondiente al año 2016, y teniendo en cuenta los módulos de trabajo establecidos por el Consejo General del Poder Judicial, se puede deducir que existe una sobrecarga de trabajo insoportable en los juzgados de Huelva, tanto en la capital, como en la provincia”. El sindicato ha denunciado lo siguiente:
– Los Juzgados de Primera Instancia soportan un 104% más de la carga máxima de trabajo que establece el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), situación bastante compleja por la alta pendencia que presentan y determinante de la necesidad de creación de nuevas plazas judiciales.
– Los asuntos ingresados de carácter Mercantil, superan en un 21% la carga referencial de trabajo, no estando el juzgado competente especializado en esta materia, por lo que hay que sumar los asuntos civiles que también tramitan. Por lo cual el TSJA plantea la necesidad de crear un Juzgado de lo Mercantil exclusivo y mantener todas las medidas de refuerzo.
– El Juzgado de Familia sobrepasa en un 160% lo aconsejado por el CGPJ, haciendo necesario aumentar la actual planta y, mientras tanto mantenerse todas las medidas de refuerzo existentes.
– Los Juzgados de lo Penal superan la carga máxima de trabajo establecida por el CGPJ, especialmente en ejecutorias: un 36% más.
– Los Juzgados de lo Social superan en más del 53% lo aconsejado por el órgano de Gobierno de los Jueces. Jurisdicción muy sobrecargada desde hace años por efecto de la crisis económica y que pone de manifiesto la necesidad de crear nuevas plazas judiciales al tiempo que instaurar durante 2017 la adscripción de jueces de adscripción territorial como integrantes de medidas de refuerzo permanentes.
– Los Juzgados Contencioso-Administrativos lo superan en más del 52%
– Igualmente, el límite de carga máxima es superado por el Juzgado de Vigilancia Penitencia de Huelva (siendo uno de los que mayor ingreso de asuntos ha tenido en Andalucía) y por la Audiencia Provincial, especialmente la Sección 2ª (Civil) que lo sobrepasa en un 33%.
Con respecto a la situación de la provincia, se ha resaltado que aun es pero, “Los Juzgados de La Palma del Condado sobrepasan en un 76% los asuntos civiles, los Juzgados de Ayamonte en más del 58% los asuntos civiles, los Juzgados de Moguer sobrepasan en más del 55% el registro de asunto civiles y el límite aconsejado por el CGPJ para asuntos civiles es superado en Valverde del Camino (8%), llegando al límite en Aracena, con el agravante de que disponen de un 33% menos de plantilla tanto en Valverde como en Aracena”
En cuanto a los 4 Servicios Comunes de la provincia de Huelva, el número de embargos totales ha sido similar al del año anterior, si bien los lanzamientos registrados han aumentado en un 14%, habiéndose practicado positivamente el 64% de ellos.
Aquilino García ha destacado que “estos datos son solamente de los asuntos que se han tratado en 2016 pero que si se analiza el trabajo pendiente y acumulado, los datos y porcentajes son aun más escandalosos”. De este modo, ha continuado el sindicalista, a fecha 31 de diciembre de 2016, los asuntos pendientes en el Juzgado de Familia son 1385, en los Juzgados de Primera Instancia son 3105, en los Juzgados de lo Social son 5074, en los Juzgados de lo Contencioso son 2832 y así en la práctica totalidad de los órganos judiciales de la provincia”.
Por ello, CCOO ha demandando “la necesidad de crear, al menos, un Juzgado de 1ª Instancia, de Familia, de lo Social y de lo Penal, así como la especialización del Juzgado de lo Mercantil”. Asimismo, sería necesario un aumento de los órganos judiciales en los partidos judiciales de La Palma del Condado, Ayamonte y Moguer, así como el incremento de las plantillas en los partidos de Aracena y Valverde del Camino. Mientras no se creen estos nuevos juzgados deberían arbitrarse medidas de refuerzo.
Para CCOO es fundamental que las Administraciones asuman que el servicio público que se presta desde la Administración de Justicia, es un servicio tan esencial y del mismo nivel e importancia que la sanidad, la educación o la dependencia por lo que necesita inversión para que doten de recursos humanos y técnicos a la administración de justicia. “Los datos son contundentes, la mayoría de las jurisdicciones superan con creces los módulos que establece el Consejo General del Poder Judicial como óptimos y casi todos los Juzgados soportan muchos más expedientes de los que pueden resolver”.
