El sindicato CCOO ha criticado la situación en la que se encuentran los juzgados, tanto de la capital como del conjunto de la provincia de Huelva, y solicita tanto al Gobierno de España como a la Junta de Andalucía medidas dirigidas a acabar con el colapso continuo de los órganos judiciales onubenses.
En base a la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía correspondiente al año 2017, y teniendo en cuenta, los módulos de trabajo establecidos por el Consejo General del Poder Judicial, se puede comprobar que existe una sobrecarga de trabajo insoportable en los juzgados de Huelva.
De forma concreta y haciendo referencia sólo a la cantidad de asuntos ingresados en 2017, sin tener en cuenta el trabajo pendiente y acumulado, cabe destacar los siguientes datos:
– Los Juzgados de Primera Instancia soportan un 136% más de la carga máxima de trabajo que establece el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aumentando respecto al año pasado y haciendo hincapié en que, como en todas las capitales de provincia, se han resuelto menos asuntos de los que han ingresado, situación, sin duda, provocada por el ingente volumen de ingreso con motivo de condiciones generales de contratación bancaria.
– Los asuntos ingresados de carácter Mercantil, superan en un 9 % la carga referencial de trabajo, no estando el juzgado competente especializado en esta materia, por lo que hay que sumar los asuntos civiles que también tramitan. Por lo cual el TSJA plantea la necesidad de crear un Juzgado de lo Mercantil exclusivo y mantener todas las medidas de refuerzo.
– El Juzgado de Familia sobrepasa en un 115% lo aconsejado por el CGPJ, haciendo necesaria la creación de un nuevo juzgado, tal y como propone el TSJA. Igualmente propone un Juzgado de lo Social, pues actualmente los tres existentes superan en más del 41% lo aconsejado por el órgano de Gobierno de los Jueces.
– Los Juzgados de lo Penal superan la carga máxima de trabajo establecida por el CGPJ, especialmente en ejecutorias: un 47% más y los Juzgados Contencioso-Administrativos lo superan en casi un 50%
– También, el límite de carga máxima es superado por el Juzgado de Vigilancia Penitencia de Huelva y por la Audiencia Provincial, especialmente la Sección 2ª (Civil) que lo sobrepasa en un 51%.
Y la situación de la provincia no es mejor. Así, el TSJA propone la creación de un Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción para La Palma del Condado y otro para Ayamonte. Y es que cabe resaltar lo siguiente:
– Los Juzgados de La Palma del Condado y los Juzgados de Ayamonte sobrepasan la carga máxima en los asuntos civiles en un 76% y un 58% respectivamente.
– Los Juzgados de Moguer sobrepasan en más del 55% el registro de asuntos civiles.
– Asimismo, el límite aconsejado por el CGPJ para asuntos civiles es superado en Valverde del Camino (8%) y llegando al límite en Aracena, con el agravante de que disponen de un 33% menos de plantilla.
En cuanto a los 4 Servicios Comunes de la provincia de Huelva, el número de embargos totales ha sido menor al del año anterior, si bien los lanzamientos registrados han aumentado en un 38%, habiéndose practicado positivamente el 53% de los registrados.
Además de la creación de nuevos juzgados que el TSJA considera necesarios para nuestra provincia, CCOO considera necesaria la conversión en plantilla de los refuerzos estructurales, incrementos de plantilla en los juzgados de Valverde y Aracena así como en todos los mixtos con competencia en violencia de género, y la creación de un juzgado de lo Penal en Huelva y de 1ª Instancia e Instrucción en Moguer. Respecto a las infraestructuras sería necesaria la construcción de la ciudad de la Justicia en la capital y una nueva sede para los juzgados de Ayamonte que eviten la dispersión actual.
Así, el Sector de la Administración de Justicia de Andalucía de CCOO reclama de manera urgente que “se inicie por parte del Ministerio de Justicia y de la Consejería de Justicia un estudio de cargas de trabajo, aumento de plantillas y mejoras de las condiciones laborales de los funcionarios y funcionarias de Justicia, buscando mejorar la calidad de la justicia andaluza como servicio público”
