La mentalidad emprendedora de los onubenses ha tenido ejemplos preclaros desde hace siglos. En la etapa contemporánea, también la comarca serrana vivió episodios de intensidad empresarial reflejada en diversas sociedades y entidades que defendían el desarrollo económico.

Una de ellas fue la ‘Unión Patronal’ de Galaroza, entidad fundada en la población en 1933, de la cual se ha rescatado una cartilla de afiliación con el reglamento que inicialmente regía sus fines y actividades, así como sus fundadores.

La investigación que ha alumbrado estos documentos ha sido impulsada por la actual Asociación de Empresarios, Comerciantes y Autónomos de la localidad, que está dinamizando la unión entre las micropymes del pueblo en busca de objetivos comunes. La localización de la cartilla y el análisis posterior han sido realizados por la Asociación Cultural Lieva, con la que se firmó un acuerdo de colaboración para el impulso de la entidad de autónomos cachonera.

Tras las preguntas iniciales, Lieva se dirigió a Virgilio García Álvarez, empresario muy vinculado a Galaroza, quien ha prestado el material para su estudio. Del análisis de la documentación, se deducen diversos aspectos muy destacables.

En primer lugar, la creación se produjo en un período muy intenso de la historia de España, una vez ya proclamada la II República. Precisamente la Asociación Lieva acaba de entregar un extenso trabajo al Ayuntamiento cachonero con infinidad de datos sobre los años 30 en Galaroza, que demuestran la ebullición política y social de la década. Entidades como ‘La Alcancía’, la ‘Unión Recreativa’ o el ‘Club Deportivo Cachonero’ desarrollaban sus respectivas labores entre la población, y a ellas se unió esta asociación empresarial.

El domicilio estaba establecido en la calle Libertad, número 18, y estaba compuesta por propietarios, agricultores, industriales y comerciantes. Su objeto estaba definido por la defensa de los intereses y derechos de sus asociados, dentro de los preceptos legales vigentes, por la creación y fomento de instituciones de auxilio y mejora para la clase obrera, y por la realización de cuantos actos y gestiones fueran lícitos y estén orientados a la consecución de los fines reglamentarios. Resulta al menos paradójica la mezcla de objetivos de empresarios y de obreros, aunque pudiera constituir un signo de la necesaria conjunción de intereses que debe haber entre ambos colectivos. Quizás por ello, el artículo 4 del reglamento prohíbe terminantemente “abordar ni discutir asuntos que directa ni indirectamente se relacionen con la política”.

Los socios podían ser “tanto naturales como jurídicos”, y para ser admitido se precisaba hallarse en “el pleno gozo de sus derechos civiles”, ser patrono propietario, agricultor, industrial o comerciante sin distinción de sexo, no pertenecer a asociaciones de carácter obrero y dirigir su solicitud al presidente, que resolvería la petición.

Sus afiliados tenían derecho a recabar el apoyo de la asociación en las cuestiones que le afectasen o proponer asuntos de interés a la sociedad. Por otro lado, debían concurrir a las Juntas Generales, cumplir las normas y acuerdos, pagar las cuotas y los dividendos pasivos extraordinarios que se acordasen y aceptar los cargos para los que fuesen elegidos.

El régimen disciplinario para el que incumpliese estos preceptos llegaba desde multas de 25 pesetas hasta la expulsión. Los recursos con los que contaba serían cuotas mensuales cobradas por trimestres por cuantías de 50 céntimos, una, dos y tres pesetas. También los dividendos pasivos aprobados en Juntas Generales, las multas, donativos y subvenciones.

No se repartirían dividendos entre los socios a título de beneficio, sino que todos los fondos se dedicarían a los fines sociales y a obras de utilidad social colectiva que se acordasen. La sociedad estaba regida por una Junta General de convocatoria anual y una Junta Directiva, conformada a su vez por un Presidente, un Tesorero, un Secretario, sus correspondientes “Vices” y cuatro Vocales, siendo todos cargos gratuitos y obligatorios, de un año de duración. La Junta Directiva se reunía en sesión ordinaria los días 15 y 30 de cada mes para aprobación de cuentas, admisión de socios y otros asuntos de administración de la entidad, además de otras reuniones extraordinarias, por lo que la vida de la asociación debió ser muy activa.

El artículo 20.8 del reglamento de la ‘Unión Patronal’ permitía la posibilidad de “delegar las atribuciones de la Junta Directiva en Agentes, Procuradores u otros funcionarios, confiriéndoles los poderes necesarios otorgados por el Presidente y Secretario; practicar por sí o nombrar comisiones de asociados, que practiquen dentro y fuera de la localidad cualquiera misión o diligencia en orden a la obtención de resoluciones favorables a la Sociedad, disponiendo para todos estos casos de los fondos sociales necesarios para viajes, remuneraciones u otros gastos semejantes”.

La asistencia de los socios a las Juntas Generales era obligatoria, por sí mismos o por delegación en otro socio; si había falta injustificada, se llegaba a imponer una sanción.

El texto reglamentario tiene fecha de 1 de febrero de 1933, estando la Comisión Organizadora compuesta por José González, José Moreno y Jesús Vázquez. El texto se presentó por duplicado ante el Gobierno Civil, en cumplimiento de la Ley de Asociaciones de 8 de abril de 1932.

La cartilla estudiada perteneció a Juan Antonio García Serrano, que se hizo socio de esta ‘Unión Patronal’ el 15 de mayo de 1933. Aunque el concepto de empresarios de la época dista bastante del que se tiene en la actualidad, sí que parece claro que es la primera asociación de emprendedores de la que se tiene noticia documental en Galaroza.

Esta investigación ha sido apoyada por la actual Asociación de Empresarios, Comerciantes y Autónomos de la localidad, que se encuentra dando sus primeros pasos como entidad constituida. Para ello, está recabando el apoyo de entidades como UATAE-Andalucía, la Unión de Autónomos, y de Facoan (Federación de Autónomos del Comercio de Andalucía), así como del Ayuntamiento de Galaroza y de la Asociación Lieva.

Es esta entidad cultural la que ha realizado el análisis de la documentación, como parte del programa de conmemoración de su vigésimo aniversario. Para este programa ha recibido ya el apoyo de la Fundación Unicaja o la Diputación de Huelva, y ha presentado proyectos a otras instituciones onubenses.