La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha informado de un aumento del presupuesto de 1,3 millones de euros para la mejora de la gestión del Servicio Integral de Atención y Acogida para víctimas de violencia de género y personas dependientes a su cargo por parte de la empresa AGISE (Andaluza de Gestio?n de Servicios Especializados). Así lo ha anunciado en la visita que ha realizado a la sede del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en Huelva.
Por otra parte, Ruiz ha señalado la posibilidad de incorporar al contrato con AVRA (Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía) hasta 29 viviendas destinadas a víctimas de violencia de género, repartidas por toda la Comunidad autónoma. “En la actualidad, se está estudiando las características de los pisos y las necesidades concretas del sistema para incluir, además, el personal técnico necesario en la ejecución del Pacto de Estado”, ha informado.
Rocío Ruiz ha destacado el esfuerzo de su departamento por mejorar un servicio que en 2012 sufrió una revisión económica del contrato a la baja de un 8,9% (450.000 euros) “por una reducción en los tiempos de intervención en los recursos y en las medidas de apoyo puestas a disposición de las víctimas. Más tarde, se paralizó el contrato durante cinco años, desde 2013 hasta 2017, hasta que en 2018, año electoral, se aumentó un 1,1% según el Índice de Precios de Consumo”.
Por otra parte, la consejera ha recordado que la última modificación de contenidos del contrato fue en 2004: “Quince años después, el IAM ya está gestionando con AGISE el fortalecimiento del servicio y la manera de incluir otras necesidades”. Así, Ruiz se ha referido al aumento del tiempo en el recurso para que este se adapte a las características individuales de las usuarias; la ampliación de plazas en el servicio integral, dando respuesta al aumento del tiempo de estancia en los centros de emergencia más allá de los seis meses que se contemplan en la actualidad; la reforma de las instalaciones, incluyendo las adaptaciones para diversidad funcional; la mejora de la seguridad para la protección efectiva de las víctimas; el incremento del número de profesionales de apoyo a la atención educativa y social, así como la ampliación de las jornadas laborales del personal de trabajo social, psicología y asesoría jurídica de los equipos técnicos de los centros.
