En mayo de 2013, el entonces alcalde de Punta Umbría, Gonzalo Rodríguez Nevado, presentaba junto a los responsables de Punta Fresquito una iniciativa que, desde su puesta en funcionamiento, ha traído de cabeza de la Policía Local puntaumbrieña: la concesión municipal en régimen de monopolio a una empresa privada de la venta ambulante en la playa, a cambio de una contraprestación económica y de la contratación de personal de la propia localidad.
Los vendedores ambulantes que venían actuando todos los veranos en los años precedentes, se encontraron al llegar en finales de junio de 2013 que la situación había cambiado. El objetivo del Ayuntamiento era doble, por un lado sacar algunos fondos para la maltrecha economía municipal (estábamos por entonces en plena crisis) y, por otro, favorecer la contratación de personas de la propia Punta Umbría, ya que buena parte de los vendedores ambulantes no eran de esta localidad. No perseguía la medida eliminar lo que desde los chiringuitos se consideraba una competencia desleal, sino reglar la situación y sustituir la llegada improvisada de vendedores ambulantes por una empresa que contratara de manera ordenada a personas de Punta Umbría.
Ese objetivo se vio empañado a finales del verano de 2014. La noticia a principios de septiembre de 2014 era que «funcionarios de la Brigada de Extranjería de la Comisaría Provincial de Huelva (Grupo UCRIF) habían procedido a la detención de los dos responsables de la empresa que controlaba la venta ambulante en las playas de Punta Umbría, por tener trabajando a siete inmigrantes de origen africano en situación irregular, así como otros tantos españoles sin estar dados de alta en la Seguridad Social. Los detenidos son dos españoles que responden a las iniciales M.G.L. y M.J.L.C., de 40 y 51 años de edad, respectivamente, a los que se les acusa de fraude y de un delito contra el derecho de los trabajadores».
Las protestas de los vendedores ambulantes no fueron escuchadas, y la respuesta de algunos de ellos, lejos de irse a otras playas o desistir, fue seguir vendiendo sus productos (básicamente latas de refrescos y cerveza, junto a bolsas de patatas fritas o gusanitos), ante las protestas reiteradas de los responsables de la empresa concesionaria.
La persistencia de un grupo de vendedores ambulantes de seguir con la actividad, que desde el verano de 2013 era ya ilegal, multiplicó exponencialmente el trabajo de la Policía Local de Punta, especialmente los fines de semana del verano. Se iniciaba un juego del gato y el ratón que se ha venido manteniendo en el tiempo, y ya van seis años desde entonces. Los vendedores ambulantes han seguido vendiendo de una u otra forma, la Policía Local ha tratado de controlarlos con un sobreesfuerzo por los múltiples frentes que tiene que afrontar durante el verano y seis años después de la concesión en régimen de monopolio a una empresa la realidad era que la venta ambulante, en menor medida que en 2013, eso sí, continuaba en la playa.
La última estrategia que habían adoptado este verano los vendedores ambulantes era la de irse a la orilla y colocarse dentro del agua con sus carros, para obligar de esa forma a los policías a mojarse por completo si querían lograr su objetivo de requisarles los productos. El juego del gato y el ratón iniciado en el verano de 2013 y mantenido en los últimos seis años, se ha ido incrementando al tiempo que crecía la tensión y la virulencia con la que algunos de los vendedores ambulantes se enfrentaban a los policía locales.
Unos días antes del ataque al jefe de la Policía Local con arma blanca la noticia fue que unos vendedores ambulantes tiraron latas de refrescos a los agentes. Era el anuncio de que algo grave podía pasar en cualquier momento, como así ha sido. Lo ocurrido con el jefe de la Policía Local marca un punto determinante en esta historia de seis años, que posiblemente sea un punto y final para la venta ambulante en la playa y un punto y seguido para la continuidad, ya sin problemas, del sistema de monopolio aprobado en 2013.
Los distintos ayuntamientos de la Costa de Huelva han tratado de regular la venta ambulante y cada uno ha elegido la fórmula que mejor creía se adecuaba a su situación. En Ayamonte, por ejemplo, también se ha optado por la fórmula de Punta Umbría de dar la concesión a una empresa, y algo más imaginativa fue la solución que encontró el Ayuntamiento de Lepe, que llegó hace ya ocho años a un acuerdo con la Asociación Anakerando Kaló para que fuera ella, sin pago económico a cambio, la que controlara el servicio y repartiera hasta 30 licencias para la venta ambulante en la playa de La Antilla. Desde Lepe aseguran que el sistema funciona y por eso se mantiene en el tiempo, sin un solo problema.
