El colectivo onubense Mesa de la Ría ha felicitado a Ecologistas en Acción por «la sentencia del Supremo que confirma la nulidad de la primera Autorización Ambiental (AAU) de 2014 y rechaza la urgencia e irresponsabilidad de la Junta en la segunda».

Según Mesa de la Ría, «la nueva autorización para la reapertura de la mina, anunciada como inminente por la Junta, sin atender las alegaciones presentadas, incurriría en los mismos defectos formales de la primera». A este respecto, Mesa de la Ría recuerda que «el pasado 28 de agosto alegó a la Junta de Andalucía, en el expediente de la nueva autorización ambiental, similares defectos formales y técnicos para la apertura de la Mina de Riotinto».

Mesa de la Ría lamenta que ahora la Junta de Andalucía anuncie la urgencia de la nueva autorización invocando “seguridad jurídica” y defendiendo los intereses de la empresa cuando en el “nefasto” expediente no garantiza la “seguridad personal y ambiental” de los ciudadanos que residen en la cuenca del río Odiel, pues una rotura de balsas de residuos mineros produciría un tsunami tóxico, diez veces mayor que el de Aznalcóllar, que arrasaría Huelva, Gibraleón, las marismas del Odiel y la costa de Doñana.

Mesa de la Ría insiste «en la paralización de todas las actividades mientras no se disponga de la necesaria y obligada Autorización Ambiental Unificada anulada judicialmente, y se inicie un expediente sancionador por infracción muy grave contra Atalaya Mining por operar sin dicha autorización».

El colectivo onubense recuerda que sigue pendiente que se realice un nuevo periodo de información pública, con toda la documentación que se ha excluido del expediente administrativo, incluyendo la sentencia, los informes de verificación de compatibilidad ambiental y el de posible rotura de las presas de Aguzadera, Gossan y Cobre, que realizó la propia empresa, vital para garantizar la seguridad estructural de las balsas.

La Junta aceptó en la primera autorización ambiental la demanda de Mesa de la Ría en relación a la existencia histórica de vertidos tóxicos de origen industrial procedentes del Polo Químico de Huelva, de los que parte de ellos se han extendido por la empresa minera en las citadas balsas y que acrecientan el riesgo de rotura, por lo que se insiste nuevamente en que dichos residuos se eliminen de manera inmediata.