En el día de ayer, la Junta de Andalucía ha notificado a Atalaya Riotinto Minera, empresa operadora de la mina de cobre de Riotinto, el Dictamen Ambiental que considera favorable la Autorización Ambiental Unificada (AAU) de la explotación onubense, según ha informado la propia empresa en nota de prensa. Este Dictamen es emitido en ejecución de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 19 de septiembre de 2018, que declaraba anulable,por un defecto de forma en su tramitación, el permiso ambiental emitido en 2014 para las actuaciones mineras del Proyecto.
Según la hoja de ruta comunicada a Atalaya se espera que, en los próximos días y una vez finalizado el trámite de audiencia legalmente previsto, la Administración emita una nueva resolución convalidando la AAU favorable anulada por el Alto Tribunal. Corresponderá entonces a la Autoridad Minera convalidar la Resolución de reinicio de los trabajos en la Mina de Riotinto, de 23 de enero de 2015. Este permiso de explotación fue también anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en su Sentencia de 24 de abril de 2019,como consecuencia de la Sentencia de 2018, al considerar que el proyecto minero carecía del previo permiso ambiental.
Una vez se realice esta última actuación administrativa por parte de Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, la mina de Riotinto habrá reestablecido la validez y eficacia de todos sus permisos administrativos.
Hay que destacar que el Dictamen Ambiental recién emitido, como se esperaba, reproduce los condicionantes técnicos ambientales impuestos a la actividad ya en el año 2014: toda la documentación presentada por ATALAYA había sido objeto de un análisis exhaustivo por parte de los distintos órganos administrativos ambientales, y los resultados ya formaban parte de las prescripciones ambientales dispuestas en la Evaluación de Impacto Ambiental de la mina.
Además, frente a la exigencia de cierre de la mina expresada por los colectivos ecologistas, el nuevo dictamen especifica que para que pueda ordenarse una paralización de la actividad en el complejo minero debían de cumplirse determinados requisitos que no concurrirían en el caso.
Por todo ello, ATALAYA y sus accionistas se felicitan porque, una vez culminado el proceso,la compañía podrá contar ya con la seguridad jurídica administrativa necesaria para mantener la inversión en el histórico yacimiento minero de Riotinto. Ello, con objeto de profundizar en la estrategia de crecimiento responsable emprendida con vistas a ofrecer un proyecto más robusto a largo plazo para beneficio de todos los grupos de interés; y generar mayor empleo, crecimiento económico y valor añadido para su entorno.
ALCALDES DE LA CUENCA MINERA
Por su parte, alcaldes y alcaldesas socialistas de la Cuenca Minera han exigido a la Junta “más rapidez y agilidad para que no haya que esperar otros 400 días a que el Gobierno andaluz tenga que realizar otro trámite que ponga en juego el futuro de la comarca y, por ende, el de la provincia de Huelva”.
Así lo han expuesto los siete ediles de las localidades de Minas de Riotinto, Nerva, El Campillo, Zalamea La Real, Berrocal, Campofrío y La Granada de Riotinto en el transcurso de una reunión mantenida con la vocal territorial de la Ejecutiva Provincial y diputada, Rosa Tirador, donde han valorado positivamente el paso dado, “pese a que, lamentablemente, haya tenido que transcurrir más de un año para que el Gobierno andaluz tramite un simple dictamen ambiental, a sabiendas de que era fundamental esta autorización para la continuidad de la mina”.
“Desde el PSOE, junto a los alcaldes y alcaldesas, hemos tenido que levantarnos y presionar para que esta Junta abriera una rendija en el cajón de los bloqueos y olvidos a esta provincia y procediera a actuar en la búsqueda de esa Autorización Ambiental Unificada”, ha aseverado Rosa Tirador. Por eso, ha incidido en que “no cesarán y seguirán presionando a la Junta de Andalucía para que la mina continúe funcionando con todas las garantías laborales, económicas y, por supuesto, medioambientales”.
En esta línea, “y partiendo de la base de que nos alegramos, no podemos obviar la ralentización que ha sufrido este trámite y, por eso, exigimos a la Junta más celeridad, respetando los plazos de obligado cumplimiento, como la exposición pública, en las gestiones futuras y porque, además, hay una sentencia firme que hay que cumplir”, han enfatizado los ediles socialistas.
Por tanto, esperan que “no tenga que pasar otros 400 días para el próximo trámite y que los siguientes sean mucho más ágiles, ya que hay muchas familias que dependen de la actividad minera, por la que tanto hemos apostado, trabajado y seguimos luchando los socialistas”.
Asimismo, los alcaldes y alcaldesas han demandado al Ejecutivo andaluz más información por parte de la administración, “ya que no nos proporcionan ni transmiten ninguna comunicación veraz y certera de lo que está sucediendo, algo que nos parece muy grave y una falta de respeto y de deslealtad a los máximos representantes en los ayuntamientos de la Cuenca Minera”.
Por último, la vocal territorial de la Ejecutiva y diputada provincial, Rosa Tirador, ha reiterado el apoyo total y absoluto a los ediles “en todas aquellas acciones encaminadas a la perpetuidad de la actividad minera con todas las garantías en la comarca, ya que es una fuente imprescindible y vital de creación de riqueza y empleo para sus vecinos”.
Por eso, ha querido dejar patente que “fue el PSOE en la Junta el que impulsó y abrió las minas en esta provincia abogando por una minería adaptada al siglo XXI, en la que primara sobre todo garantizar la conservación, el respeto y la protección al medio ambiente. Y queremos que ese camino siga. Ha sido un año perdido por parte de este nuevo Gobierno de las derechas en la Junta y no queremos que vuelva a ocurrir”, ha finalizado.
