El portavoz UPU en el Ayuntamiento de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, ha reiterado la exigencia de dimisión de la alcaldesa Aurora Águedo, tras la decisión del TSJA de confirmar la sentencia del Juzgado de lo contencioso nº 3 que anulaba el proyecto de las dos torres de 19 plantas dada la retirada de los recursos contra la citada sentencia del ayuntamiento como la promotora adjudicataria.
La Sección primera de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJA con sece en Sevilla ha dictado Decreto de fecha 13 de febrero de 2020 en el que acuerda “tener por desistido y apartado del recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Punta Umbría y Riaumbría Towers, S.L. y procédase a la devolución de las actuaciones”, confirmándose así la sentencia de 18 de septiembre de 2019 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Huelva que anulaba el acuerdo de enajenación de las parcelas de los antiguos depósitos de 27 de septiembre de 2017, que queda firme. .
Para Hernández Cansino, “la alcaldesa pese a las numerosas advertencias que hicimos, aprobó y adjudicó un proyecto ilegal e insostenible, aún a riesgo de dañar la imagen y las arcas públicas de nuestro pueblo, y ahora tras su marcha atrás reconociéndolo, el TSJA lo confirma y no le queda otra que irse”.
Según el Portavoz de UPU, “la responsabilidad de la alcaldesa, su equipo de gobierno y las concejalas tránsfugas que votaron a favor del proyecto a sabiendas de su ilegalidad son obvias”, y añadió que “la nulidad del proyecto era la crónica de una muerte anunciada. Avisamos de que el plan era ilegal, nulo de pleno derecho, desde el minuto uno, el mismo día de septiembre de 2017 en el que el Pleno dio luz verde a la enajenación de las parcelas”.
Por eso – ha argumentado – “los eventuales daños que se generen a la empresa o indemnizaciones, tendrán que asumirlos quienes aprobaron el proyecto a sabiendas de que era ilegal, con los avisos que se han dado y las sentencias que existen con pronunciamientos por similares casos”. Según aclaró Cansino “Los ciudadanos no tienen por qué pagar los chanchullos de sus gobernantes, así que agotaremos todas las vías legales posibles para que los responsables asuman las consecuencias económicas de su bolsillo”.
“Una alcaldesa que con sus decisiones, cuya ilegalidad ahora reconoce, hipoteca el futuro de su pueblo, tiene que asumir sus responsabilidades y presentar su dimisión inmediata” concluyó Hernández Cansino.
