La delegada del Gobierno en Huelva, Bella Verano, ha puesto en valor las medidas aprobadas este pasado lunes con el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que movilizarán 1.000 millones de euros para hacer frente a la crisis desatada por el coronavirus. De esos 1.000 millones, 900 millones tienen como destino ayudas a autónomos y pymes y los 100 restantes van a un Fondo de contingencia sanitaria para reforzar las UCI e incrementar personal y medios.

Se trata de una aportación inicial de 100 millones que se destinará a la sustitución de sanitarios afectados por el contagio, al refuerzo de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), así como a la compra del material y equipamiento necesarios. Para atender las necesidades urgentes que determine la Consejería de Salud y Familias, la Consejería de Hacienda, Industria y Energía realizará una reestructuración del presupuesto, ya que hasta la fecha el Gobierno central no ha enviado recursos adicionales ni la comunidad autónoma ha recibido respuesta sobre su propuesta de flexibilizar el objetivo de déficit y la regla de gasto.

Entre las medidas de apoyo a las empresas que recoge el decreto-ley, se establece que la Junta de Andalucía no suspenderá los pagos a las empresas contratadas por la Administración a pesar de que éstas no puedan desarrollar sus actividades con motivo del cierre parcial de dependencias administrativas o entes instrumentales de la Administración autonómica, siempre que la empresa acredite la permanencia de la plantilla en las mismas condiciones laborales y durante el tiempo que dure la suspensión.

Además, en materia de respaldo financiero y para solventar eventuales problemas de acceso a liquidez, se concede una subvención de hasta 36 millones de euros a la sociedad de garantía recíproca Garántia para avalar operaciones financieras a pymes y autónomos por importe de hasta 500 millones de euros.

El Gobierno andaluz articula, además, avales para dar respuesta a las necesidades de las empresas, destinando 20 millones a la línea Andalucía, financiación empresarial del Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico. Se estima que esta medida tendrá un efecto multiplicador por cinco, de manera que posibilitará la concesión de préstamos por parte de las entidades colaboradoras por un volumen de hasta 100 millones de euros dirigidos a las pequeñas y medianas empresas y autónomos.

Con estas dos medidas de apoyo financiero se podrán movilizar hasta 600 millones de euros en préstamos cubiertos por instrumentos de garantía, lo que permitirá actuar de forma decidida frente a los problemas derivados de la crisis sanitaria actual.

El decreto-ley recoge asimismo actuaciones con el fin de favorecer la liquidez de las familias, pymes y autónomos en el ámbito de las competencias tributarias autonómicas. Así, plantea una ampliación del plazo de presentación y pago de tres meses adicionales en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. El impacto de esta medida asciende a unos 270 millones, que se inyectan en la economía andaluza por el retraso en el cobro de impuestos, lo que supone un préstamo a corto plazo y sin intereses a los sectores productivos.

Y se incrementa en 9 millones de euros, hasta alcanzar los 22 millones, la línea de ayudas gestionada por la Agencia IDEA destinadas a proyectos de Transformación Digital de las pymes con el objetivo de facilitar que las pequeñas y medianas empresas se doten de los medios técnicos necesarios destinados a posibilitar el teletrabajo.

Entre otras medidas, el decreto-ley contempla anticipar la implantación de medidas de impulso a la gestión tributaria no presencial que estaban previstas para este año con objeto de reducir los trámites de manera presencial y evitar la asistencia de los contribuyentes a las oficinas, así como medidas para garantizar la inmediata contratación de cuantas actuaciones sean necesarias para hacer frente a la actual situación.

El Gobierno andaluz trata con la aprobación de este paquete de medidas de dar respuesta, en el ámbito de sus competencias, a los planteamientos expresados desde las organizaciones empresariales y de autónomos, que han centrado sus inquietudes en la necesidad de adoptar medidas para evitar la quiebra y mantener el empleo y que van orientadas a garantizar el acceso a la liquidez a través de avales públicos, el aplazamiento del pago de impuestos y la facilidad de teletrabajo.

Situaciones de emergencia social

El decreto-ley también contempla medidas de actuación coordinadas para la atención de situaciones de emergencia social. En este sentido, se crea en el seno de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación la Comisión para la coordinación de las actuaciones de emergencia social derivadas de la adopción de las medidas preventivas por parte de la Junta de Andalucía frente al COVID-19 en el ámbito de los servicios sociales.

Se consideran situaciones de emergencia social derivadas de la adopción de las medidas preventivas, por parte de la Administración de la Junta de Andalucía frente al COVID-19, las siguientes: la suspensión del recurso de atención a la dependencia, por parte de la Consejería competente en materia de Servicios Sociales, que le provoque a la persona beneficiaria caer en una situación de desamparo. Igualmente, las modificaciones constatables del entorno en el que viva la persona beneficiaria de prestación por dependencia, por causas directamente provocadas en Andalucía por la epidemia del COVID-19, siempre que tales modificaciones del entorno provoquen una situación de desamparo en los términos del apartado anterior.

Los recursos que pueden ser destinados para atender a las personas declaradas en situación de emergencia social y, por tanto, objeto de especial protección serán: Centros Residenciales públicos y privados para personas mayores y personas con discapacidad con la preceptiva autorización administrativa de funcionamiento, Centros de Servicios Sociales de gestión directa de la Junta de Andalucía y entidades de voluntariado.