La parlamentaria onubense de Adelante Andalucía, María Gracia González, ha reclamado este martes “con urgencia” una “alternativa habitacional para las personas desalojadas” tras arder en la noche de este martes 67 chabolas del asentamiento de Palos, que ha obligado a desalojar a 100 personas por haber perdido sus infraviviendas y a otras 100 por seguridad.
González ha insistido en que las diferentes instituciones, en este caso el Ayuntamiento de Palos de la Frontera, la Junta de Andalucía y el Gobierno central “deben aunar esfuerzos y extraer soluciones de una vez por todas”, máxime en el estado de alarma en el que vive inmerso el país por la crisis sanitaria del Covid 19. Además, recuerda que el Consistorio palermo “tiene bastantes recursos y tiene en su mano la puesta en marcha de políticas para activar los servicios sociales y ayudar a este colectivo” que es la mano de obra de la campaña de frutos rojos de la provincia.
“Esta situación es inhumana”, ha señalado la diputada andaluza, que ha recordado que “existe un gran número de hoteles y residencias cerradas debido a la pandemia”, además de que “se pueden habilitar pabellones deportivos y centros escolares también cerrados”, por lo que “garantizar las condiciones sanitarias y la seguridad de estas personas se puede hacer a la vez”. Por todo ello, ha propuesto alojar “en primer lugar y de forma urgente a las 67 personas que han sido desalojadas del asentamiento en algunos de estos recursos habitacionales”, con la gestión pertinente de los servicios sociales de la zona, que también ofrezcan soluciones al resto de jornaleros que “viven en una situación de insalubridad indecente agravada por la crisis sanitaria”.
González ha subrayado que “casi 1.000 personas están viviendo en este asentamiento sin que se cumplan las medidas decretadas durante el estado de alarma”, que obliga a cumplir unos protocolos de seguridad por la crisis del Covip 19 que “no están haciéndose efectivos desde que empezó la alarma sanitaria”. Ahora, este incendio “pone el dedo en la llaga” de una situación que “viene siendo insostenible desde hace muchos años”.
“La situación en los asentamientos siempre ha sido alarmante, pero la situación provocada por el Covid-19 la ha llevado al límite”, ha remarcado González para poner de relieve que ha sido “la presión de diferentes colectivos la que ha permitido que, al menos, estos asentamientos puedan empezar a contar con agua potable para implantar unos mínimos protocolos de seguridad”.
“Pensar en una salida definitiva para las personas que se ven obligadas a vivir en los asentamientos debe ser una obligación de todas las instituciones”, ha insistido, porque “en pleno siglo XXI la gente no puede vivir en chabolas que son pasto de las llamas cada pocos meses». Así, el pasado mes de diciembre «en el mismo lugar perdió la vida un joven jornalero” debido a otro fuego.
La situación de emergencia sanitaria en los asentamientos chabolistas de la provincia de Huelva se ve agravada con este incendio, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) dictó una serie de medidas preventivas para evitar el contagio del virus, que “no están garantizadas en estos asentamientos chabolistas, al carecer de cualquier tipo de suministro de agua, sea estable u ocasional”. En dichos enclaves (49 repartidos entre Lepe, Moguer, Lucena y Palos) “no hay ningún tipo de red de saneamientos ni de recogida de basuras”.
Estas condiciones hacen que, desde el punto de vista higiénico sanitario, haya “grandes riesgos para la salud en condiciones normales”, por lo que “en una crisis sanitaria como la actual los riesgos se multiplican”. Así, González denunció que “las personas que habitan estos asentamientos, en algunas ocasiones, tienen que desplazarse a varios kilómetros para poder acceder al agua y así cubrir sus necesidades básicas”.
