La Delegación de Huelva de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha pedido a la Fiscalía que persiga a los ayuntamientos que obstaculizan e impiden el empadronamiento de las personas migrantes que viven en asentamientos chabolistas y que tienen el derecho de ser empadronadas en sus infraviviendas, tal como autoriza el BOE de 2 de mayo.
La petición se efectúa después de que el alcalde de Lucena del Puerto, Manuel Mora, haya declarado que “no empadronará a las personas inmigrantes que vivan en los asentamientos chabolistas”, contraviniendo así lo especificado en el BOE -en el apartado de casos especiales de empadronamiento-, que determina que “las infraviviendas (chabolas, caravanas, cuevas, etc. e incluso ausencia total de techo) pueden y deben figurar como domicilios válidos en el padrón”. En él, las especificaciones de tratarse de monte público o privado a las que Mora alude, quedan claramente exentas en el BOE, que aclara que el empadronamiento es totalmente
independiente de la titularidad jurídico-privada.
APDHA Huelva asegura que se han venido imponiendo impedimentos y dificultades para que las personas puedan ejercer su derecho a empadronarse en varios pueblos de la provincia onubense, tales como Lucena del Puerto, Lepe, Moguer o Palos de la Frontera. Estos obstáculos, asegura la organización, no solo se han producido en el caso de personas migrantes que residen en infraviviendas, sino también en el de personas que viven en situación de alquiler.
Por ello y teniendo en cuenta que no poder empadronarse obstaculiza el ejercicio y el acceso a otros derechos, desde la delegación onubense de la APDHA han realizado numerosas intervenciones y peticiones al personal responsable del padrón de los municipios agrícolas, sin obtener resultados positivos.
Por ello, desde APDHA Huelva exigen mecanismos de verificación para que el derecho al empadronamiento sin obstáculos sea garantizado a las personas que lo soliciten, vivan donde vivan, y en particular, a la Fiscalía, que “persiga e impida declaraciones y actuaciones, manifiestamente fuera de la ley, que entorpecen el desarrollo de derechos fundamentales de un gran número de personas en la provincia”.
Por último, la asociación reclama una vivienda digna para las personas que se ven obligadas a vivir en las chabolas, solución al déficit habitacional de la provincia, que recibe un gran número de trabajadores y trabajadoras temporeras para las campañas agrícolas, y el reconocimiento de los derechos de las personas trabajadoras en los pueblos de la provincia.
