La Delegación Territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local en Huelva ha comenzado este lunes a realizar los primeros test de COVID-19 a los funcionarios de la Administración de Justicia. Las pruebas se han realizado a lo largo de esta mañana en la sede del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF).
En total, en una primera tanda la Consejería va a realizar 4.000 test rápidos, de los que 250 serán para Huelva, que se completarán las próximas semanas hasta alcanzar a la totalidad de la plantilla de funcionarios, así como a los fiscales, y letrados de la Administración de Justicia. Todo ello gracias a la colaboración con la Consejería de Salud que dotará de todas las pruebas que sean necesarias.
Las primeras llevadas a cabo en Huelva han sido al personal del IMLCF, tal y como establece el protocolo realizado desde la Consejería para proceder a estos test, que son practicados por los propios médicos forenses. Mañana está previsto que se realicen a más de medio centenar de funcionarios de Instrucción, Menores y Violencia de Género, ya que son los que hacen servicios de guardia.
La delegada de Justicia en Huelva, María Ángeles Muriel, ha visitado hoy las instalaciones del IMLCF donde se están realizando estas pruebas “no solo al personal funcionario dependiente de la Delegación, sino también a letrados de la Administración de Justicia, fiscales y jueces sustitutos. Es un compromiso de esta Consejería, que estamos cumpliendo para que todo el personal que trabaja en una sede judicial pase estas pruebas”.
Para la realización de estos test, la Consejería ha elaborado un protocolo con los IMLCF para poder llevarlos a cabo con todas las medidas de seguridad por parte de los médicos forenses que, de forma voluntaria, van a acometerlos.
Las pruebas son test rápidos, cuyos resultados se conocen en algunos minutos. Los casos que dieran un posible positivo serán derivados al Servicio Andaluz de Salud (SAS) para que a partir de ese momento sigan todos los protocolos que marcan las autoridades en este sentido.
Estas pruebas forman parte del conjunto de medidas de seguridad que ha puesto en marcha la Consejería de Justicia en todas las sedes judiciales para garantizar la protección de todo el personal de la Administración de Justicia y de los ciudadanos.
