La Fiscalía solicita una pena de 3 años y 10 meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, para los responsables de la empresa Hidrofrutas S.L., acusados de extraer agua de manera ilegal, en Almonte, del acuífero 27. La vista del juicio oral tendrá lugar el próximo 6 de julio, en el juzgado de lo penal 2.

El fiscal solicita, además de la privación de libertad, una  multa de veinte meses con una cuota diaria de veinte euros y con la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas de multa no satisfechas en caso de impago por insolvencia diaria e inhabilitación especial para profesión u oficio relacionado con la agricultura durante 2 años; así como las costas. Y también imponer a la empresa Hidrofrutas SL la pena de multa de veinte meses con una cuota diaria de treinta euros.

Por otra parte, se solicita que los acusados, y de manera solidaria con ellos la empresa Hidrofrutas SL, una indemnización de 19.796,72  euros a la Confederación Hidrográfica del Gualdalquivir, así como el cierre de los pozos de los que se ha estado cogiendo agua.

La acusación se dirige contra el propietario-administrador único de la sociedad Hidrofrutas SL, así como contra el concesionario de los terrenos y la sociedad Hidrofrutas.

Los hechos punibles se centran en las extracciones de agua subterránea realizadas por la explotación Hidrofrutas SL, dedicada al cultivo de la fresa y frambuesa. Ha desarrollado esta actividad en una parte de la parcela 1 del polígono 40, aproximadamente en una extensión de 18 a 20 ha, siendo la parcela propiedad del Ayuntamiento de Almonte. Los terrenos los posee en régimen de canon mediante contrato de concesión administrativa el acusado  B, que ha cedido los mismos en arrendamiento a su hijo A, y por ende a la empresa que éste administra Hidrofruta SL.

Según la Fiscalía, «de conformidad con la inspección practicada por la Fuerza Pública, la explotación dispone de 5 pozos activos y una balsa de acumulación de agua para regadío en funcionamiento.

La empresa explotadora ha estado utilizado agua subterránea del Acuífero 27 para la explotación de frutos rojos, sin que conste autorización alguna por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que ampare dicha extracción, ni a favor del titular de las tierras, es decir, del Ayuntamiento, ni del concesionario, B, ni de la empresa que la explota, HIDROFRUTAS SL, en el período en que se concentran los hechos punibles, concretamente las campañas de 2012/13 y 2013/14, por lo que se concluye que se ha producido una detracción ilegal y sistemática de agua del acuífero en dicho período y que dicha detracción implica una alteración del balance hídrico del acuífero generando un daño grave sobre el espacio protegido de Doñana así como sobre las especies que alberga y sobre el significado ecológico del lugar».

Por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se incoó a la sociedad el 5.06.2014 el expediente ER-0217/14SE por tener 5 captaciones subterráneas en la parcela 1 del polígono 40 del término municipal de Almonte sin autorización para ello (la notificación resultó infructuosa), dictándose resolución en que se declara prescrita la infracción y no se impone sanción pero, al amparo de lo dispuesto en el artículo 118 del RDL 1/2001 se impone la obligación de retirar todo elemento que hagan presumir la explotación de aguas subterráneas.

Por Auto de fecha 18 de marzo de 2016 se acordó por el Juzgado de Instrucción la medida cautelar de instalación de un contador en cada pozo a costa de los acusados así como control por el Seprona de que no había otras vías de extracción de agua, y lectura de contadores periódicamente por el Seprona. Debidamente notificada la medida cautelar anterior hasta en dos ocasiones, los acusados hicieron caso omiso a la misma, continuando con la extracciones de agua sin ningún tipo de contador, hasta, al menos, octubre de 2017, según explica la Fiscalía.