(Firma: Juan Manuel Buendía Ruiz de Castroviejo)  Con el rimbombante nombre de ‘CRI-9’: “Centro de Recuperación de Inertes nº 9” fue bautizado el vertedero tóxico de Huelva que sin recuperar ni inertizar nada, fue regentado por la empresa pública de la Junta de Andalucía EGMASA en las marismas del río Tinto. Un modelo público de vertedero ilegal de residuos industriales tóxicos, gestionado por nuestros gobernantes en el extremo de las marismas concesionadas por el Gobierno Central a Fertiberia para el vertido de fosfoyesos.

Mientras en las zonas 1, 2 y 3 Fertiberia vertía a sus anchas fosfoyesos mezclados con residuos industriales tóxicos como los ácidos arsenicales, en el CRI-9 (zona 4 de las marismas), junto a una zona de alto valor ecológico como es el estero de la Nicoba, la Junta de Andalucía depositaba, a cambio de canon económico, todo tipo de residuos tóxicos industriales procedentes del Polo Químico de Huelva, de España y del resto de Europa. En esos años funcionaba entre la Junta y Fertiberia un claro contrato de silencio, es decir: “yo no controlo ambientalmente tus vertidos, tú me facilitas un trozo del dominio público de Costas para los míos”. El escándalo se destapó a finales de los 90 con el vertido en el CRI-9 de residuos radiactivos contaminados con el isótopo ‘Cesio 137’ que, fundidos por Acerinox, procedían de un hospital de Londres, y que una sentencia del Supremo acabó declarando nulo el decreto de la Junta para la creación de EGMASA.

Este vertedero, al margen de la ley, impulsado por la Junta, pero desconocido por los onubenses, hizo honor a las ventajas que ofrecía el Decreto de los 60 para la creación del Polo Químico de Huelva: “La existencia de desagües de capacidad ilimitada en un rio industrial, el río Tinto”.

Para desgracia de Huelva, a principios de los años 90 el Estado y la Junta habían decidido impulsar económicamente la ruinosa y hundida industria de fertilizantes, atrayendo a Huelva otras empresas contaminantes como Atlantic Copper. Así, Villar Mir compró la ganga de FERTIBERIA-FESA (Fertilizantes Españoles) a una peseta la acción, con un total de 4.453 euros. Una empresa que se saneó con dinero público, pues en esa misma fecha recibió una subvención pública de 51.086.028 euros del Instituto de Crédito Oficial.

El prometedor futuro “industrial y de empleo” que nuestros dirigentes autonómicos y nacionales habían decidido para la ciudad de Huelva empezó a encontrar demasiadas trabas legales, ambientales y suficientes escándalos para continuar con el vertedero ilegal CRI-9 en nuestras marismas. Así, nuestros avispados dirigentes miraron a Gibraleón para instalar el nuevo vertedero, que felizmente se levantó contra su instalación, dando lugar a los acuerdos de 1991. Los citados acuerdos consistían en un pretendido cambio de modelo económico que nunca se cumplió y que sirvió para seguir engañando a los onubenses. Para el nuevo vertedero finalmente consiguieron comprar las voluntades en Nerva, enfrentando incluso a familias en el pueblo. Hemos de recordar que todos los partidos políticos de Nerva aprobaron por unanimidad en 1995 la declaración de interés público y social para la instalación del vertedero tóxico. Una vez más los políticos onubenses dejaban de mirar y proteger a su tierra.

Prometiendo para Nerva lo mismo que el decreto franquista en Huelva: “un esplendoroso futuro de prosperidad y empleo” y a base de sucesivos engaños, su construcción ha dejado en Nerva un erial de contaminación, en resumen, un coste económico inmenso para las futuras generaciones, atrayendo residuos tóxicos de la provincia de España y de Europa, llegando a convertir al vertedero de Nerva en un cliente privado de quienes manejan los residuos en Italia, “la mafia siciliana”.

Los habitantes de la provincia de Huelva tenemos suficiente experiencia y un nefasto legado de residuos para entender que nuestra tierra ya no necesita vertederos tóxicos, ni públicos ni privados, sino un cambio de modelo económico que inviabilice a las empresas que funcionan dejando residuos para las futuras generaciones. Los onubenses estamos hartos de engaños, por eso la Asociación Mesa de la Ría se ha sumado a 23 colectivos sociales de la provincia para alegar en contra de este vertedero que no debe seguir en Nerva, ni instalarse en ningún otro municipio.

Es hora de que la clase política mire por nuestra provincia pensando en el planeta. Según las alegaciones que hemos presentado queda en manos del alcalde de Nerva y su equipo del PSOE corregir el informe de Compatibilidad Urbanística para la ampliación del vertedero. Un informe que los técnicos municipales redactaron erróneamente como favorable sin tener en cuenta las protecciones patrimoniales que afectan al área que lo hacen desfavorable. Su declaración desfavorable paraliza el proyecto. Y considerando que la Directiva Europea Marco de Agua establece que debe denegarse cualquier proyecto que “pueda” contaminar masas de agua, también está en manos de la Junta de Andalucía (PP-Cs y VOX) denegar este proyecto.

Es hora de emprender un nuevo camino de forma que el ámbito de los residuos se rediseñe y se enmarque en un verdadero horizonte de verdadera Economía Circular y de Producción Limpia para Huelva y Andalucía.

(Juan Manuel Buendía Ruiz de Castroviejo, presidente Asociación Mesa de la Ría de Huelva)