La parlamentaria onubense de Adelante Andalucía, María Gracia González, ha reclamado este jueves “la paralización de todo tipo de desahucios”, ante la “grave crisis económica que está azotando a todo el país y en concreto a Huelva y a su provincia”, a raíz de la pandemia del Covid-19.
Así, ha pedido que la moratoria se extienda “como mínimo hasta finales de 2021”, tal y como exige la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), así como que “se refiera a todo tipo de desahucios”, incluidos los provocados por impago de hipoteca y no solo los de alquiler, así como los relativos a viviendas adjudicadas por fondos buitre.
En la provincia de Huelva “los datos son desalentadores”, ha lamentado González, que indica que en el primer trimestre del 2020 ya se llevaron a cabo 118 desahucios y 85 juicios verbales por ocupación ilegal, según los datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Las cifras se refieren hasta el 14 de marzo, momento en el que se decreta el estado de alarma y se suspende la actividad judicial.
Sin embargo, una vez superado el estado de alarma, los desahucios “siguen adelante” en muchos casos. “Ya en nuestra provincia la PAH ha recibido nuevas peticiones de ayuda de varias familias tras el estado de alarma”, apunta, “lo que da una imagen real de lo que está pasando”. No podemos olvidar que las normas para evitar desahucios que ha sacado el Gobierno central “aunque bienvenidas son claramente insuficientes, porque se dejan a muchas familias fuera”, ya que no abarca todos los supuestos de desahucios.
“La magnitud de la crisis económica que tenemos encima nos tiene que hacer muy conscientes de cuáles son y deben ser las prioridades de la Administración, tanto central, como autonómica y local”, ha subrayado la diputada anticapitalista. Así, “la vivienda es un derecho básico, no un lujo, y es ahora cuando hay que poner en el centro a las personas y no dejarse a nadie atrás”.
Vivienda pública
La diputada andaluza ha criticado que “siga sin destinarse un parque de vivienda pública en la misma línea que en otros países europeos”, donde se destina en torno al 18 por ciento del total del parque inmobiliario, mientras que “en España esta cifra está en poco más del dos por ciento”. Por ello, ha remarcado que “ante esta crisis las administraciones no tienen excusa para no poner sobre la mesa medidas eficaces, como realizar estudios del parque real de viviendas vacías y aprobar iniciativas que incentive el uso de esas viviendas”.
En este sentido, el concejal de Adelante en el Ayuntamiento de Huelva, Jesús Amador, ha recordado los intentos de su formación de que “se destine el uno por ciento de los presupuestos municipales a vivienda pública”, además de insistir en que el alcalde de la capital onubense, Gabriel Cruz, “se siente con los bancos para realizar un estudio sobre las viviendas vacías en manos de entidades bancarias y filiales inmobiliarias”.
Esa fórmula será “la manera de conocer la realidad para diagnosticar el problema desde la raíz y así dar soluciones adecuadas”. Asimismo, Amador ha insistido en que el Consistorio onubense tiene que “poner en marcha más herramientas, como la ampliación de ayudas al alquiler”, para paliar los efectos devastadores de la crisis económica en Huelva.
Por otra parte, desde Adelante han explicado que “con un adecuado parque de viviendas públicas los casos de viviendas ocupadas de forma ilegal disminuirían considerablemente”. Hay que resaltar que los 85 juicios por ocupación ilegal de este último trimestre en la provincia onubense “suponen la cifra más alta desde que se tienen datos, es decir desde 2018”.
González ha indicado que “hay familias muy vulnerables que se ven abocadas a ocupar viviendas vacías de bancos o de inmobiliarias”, un espacio que “se debería regular convenientemente para no tener que llegar a una situación de ilegalidad, debido a la dejadez de la Administración competente”. Aunque tal y como también manifiesta la PAH, “estamos en contra de la ocupación de casas y pisos de particulares, de gente sencilla y corriente, que también sufren una situación indebida”, matiza. Todo ello, “es fácilmente mejorable con voluntad política para que la ciudadanía cuente con un recurso tan básico y necesario como es una vivienda”.
