(Texto: Ecologistas en Acción)  Las comarcas del Andévalo y la Cuenca Minera son víctimas año tras año de un gran incendio forestal. Este año ya ha ocurrido el gran fuego del verano, que al parecer ya está estabilizado, y ha afectado a una superficie de más de 12.000 hectáreas en cinco términos municipales de la provincia de Huelva, fundamentalmente en Almonaster la Real y en Zalamea la Real, zona cero del incendio.

A merced de los fuertes vientos durante casi tres días de incertidumbre y miedo en todas las poblaciones cercanas, gracias al trabajo de muchos profesionales especialistas en extinción, a la colaboración de pequeños propietarios de maquinaria y a la solidaridad de los pueblos, hoy, que el viento ha amainado, se puede comenzar a hacer un inventario de los daños y plantear una estrategia para la recuperación integral de toda el área afectada por este gran incendio.

Muchas familias se han visto desplazadas y al volver han encontrado, como otras que no tuvieron que marcharse, que sus casas están en pie, pero sus huertos, colmenas, gallineros, dehesas con su ganado, sus herramientas y maquinaria agrícola y su forma de vida, ha sido destruida.

Se han quemado masas de pino de repoblación en densidades muy altas y eucaliptales, tanto de monte público como de monte privado. Se han quemado grandes extensiones de dehesa de encinar, pastos y monte bajo. Todo ello, creando grandes estragos para la biodiversidad, con la muerte de muchos ciervos, jabalíes y pequeños mamíferos, entre otros animales silvestres.

Ecologistas en Acción demanda a la administración andaluza como medida urgente la puesta en marcha de una Oficina Técnica para atender a todas las personas afectadas, inventariar todos esos daños reales, e iniciar un programa de ayudas económicas para resarcir los daños originados por el incendio forestal.

Es urgente elaborar un plan de choque para contener la erosión y evitar la pérdida de suelo, incluyendo actuaciones prioritarias para proteger las zonas que aún se han salvado de las llamas en este territorio, en particular el Alto de los Barreros en la Cuenca del Río Tinto, término de Zalamea la Real, y el entorno de la aldea Gil Márquez, término de Almonaster la Real y antesala del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, que actualmente son auténticos polvorines forestales.

Respecto a la restauración, en cumplimiento de la normativa vigente, habrá que esperar un año para que la vegetación responda, previo a la puesta en marcha del correspondiente plan de restauración forestal que habrá de llevarse a cabo.

Sensación de impunidad

Esta zona del Andévalo y la Cuenca Minera es un punto negro en materia de incendios forestales. El mayor de todos ocurrió en 2004, superó las 30.000 hectáreas afectadas, de los términos de 13 municipios de las provincias de Huelva y Sevilla, con dos personas fallecidas. Todos los años hay pequeños incendios, pero en 2017 ocurrió de nuevo otro gran incendio, esta vez en La Granada de Riotinto y el monte público Jarrama, donde se quemaron 4.000 hectáreas de dehesas centenarias y afectando a una importante cabaña ganadera.

También han sido muy significativos los incendios en Minas de Riotinto y El Campillo, en 2017, donde ardieron 800 hectáreas de pinar; en verano de 2018 se quemaron 1.700 hectáreas de los pinares de Nerva y en verano de 2019 otras 240 hectáreas de dehesas se calcinaron en El Madroño (pueblo de la misma Cuenca minera y ya provincia de Sevilla) dejando sin medio de vida al menos a una familia dedicada al pastoreo de cabras en esos montes.

Hasta ahora, todos estos incendios han sido iniciados por personas, bien de forma imprudente, accidental o intencionada. La cuestión es que en ninguno de ellos han trascendido resultados de la necesaria investigación para establecer las causas de los mismos. No se sabe si ha habido delito o imprudencia, no se conocen juicios ni sanciones. La sociedad tiene una sensación de total impunidad por la cual quemar el monte sale gratis para los autores de los incendios forestales.

Por todo ello, Ecologistas en Acción pide que sea investigada la causa y los responsables de este nuevo gran incendio forestal y que la sociedad sea informada de los resultados que se obtengan.

Urge una nueva y actualizada política forestal

Ecologistas en Acción insta al Gobierno andaluz a renovar la política forestal, y a que promueva el desarrollo rural integral y la recuperación de actividades tradicionales sostenibles con objetivos bien definidos, acciones a corto, medio y largo plazo, y con una financiación estable; es decir, el rescate y actualización, ajustada a la nueva realidad territorial y el nuevo escenario del cambio climático, del Plan Forestal Andaluz. Este plan forestal debería de primar la especies autóctonas, resistentes y adaptadas a los incendios; ordenando los cultivos forestales de especies de crecimiento rápido que deberían de quedar excluidos de las zonas forestales protegidas y de alto valor ecológico, es decir, ocupar zonas agrícolas abandonadas y otras marginales, en definitiva, una ordenación de uso y ocupación del territorio previa.

Para apoyar la puesta en marcha de Plan Forestal Andaluz , que ha sido considerado el mejor instrumento forestal en todo el territorio español, se hará imprescindible elevar a la Unión Europea las necesidades del medio forestal andaluz impulsando una Política Forestal Común que, en paralelo a la PAC, ayude financieramente a las dehesas y el monte mediterráneo, así como la certificación y comercialización de sus productos, para valorizar nuestros ecosistemas forestales.

Pastores tradicionales, patrimonio cultural andaluz

En este marco, el apoyo a la ganadería extensiva y el pastoreo tradicional con racionalidad, sería la mejor herramienta de prevención de incendios forestales, adicional al trabajo preventivo del INFOCA. Además, se colaboraría en la recuperación y mantenimiento de razas autóctonas, algunas de ellas amenazadas de extinción. Y, por ende, se favorecería el poblamiento de las zonas rurales y la fijación de población, tan necesaria para un mundo rural vivo.

Desde Ecologistas en Acción encuentran estas razones de sobras importantes para proponer a la Junta de Andalucía que impulse la declaración del pastoreo tradicional extensivo y los pastores como Bien de Interés Cultural para su inscripción como Patrimonio Cultural Andaluz, pudiendo con ello favorecer, además, el patrimonio natural andaluz, frente a la pérdida de suelo, los incendios forestales y la pérdida de biodiversidad.