El coordinador provincial de Izquierda Unida en Huelva, Rafael Sánchez Rufo, ha denunciado en rueda de prensa “un perjuicio más que está sufriendo la comunidad educativa en este curso escolar” y que afecta a más de 2.000 alumnas y alumnos que se han quedado sin comedor escolar. Desde el inicio de las clases, un total de catorce comedores escolares onubenses permanecen cerrados y hasta ayer mismo no se abrió uno de ellos, en el CEIP Prácticas de la capital. Esta situación se extiende por toda Andalucía, donde hasta 132 comedores escolares siguen sin funcionar. En la provincia de Huelva hay un total de 21 comedores escolares de gestión directa, a los que se suman 102 comedores externalizados. Se trata de “un fracasado y lamentable modelo de gestión privatizada de los comedores escolares, en los que los continuos problemas que se dan entre las empresas subcontratadas y la Consejería de Educación por los bajos precios de los menús que ofrece la administración, los acaban pagando las familias y el alumnado que se está quedando sin este servicio fundamental”, explica Sánchez Rufo.
Ante esta situación, Sánchez Rufo ha anunciado que desde Izquierda Unida “reclamamos que se recupere la gestión pública de todos los comedores escolares” para que dejen de gestionarse mediante empresas privadas de catering para hacerlo por parte de los propios centros escolares. De este modo, se crearía empleo público de calidad, promoviendo el comercio de proximidad al abastecerse con productos comercializados en cada localidad donde se encuentran los centros escolares y ofreciendo al alumnado unos menús más sanos de los que hasta ahora se sirven por parte de empresas que reducen los costes al máximo.
Sánchez Rufo añade que la gestión privada de la mayoría de los comedores escolares “es una medida más con la que la Junta de Andalucía se está volcando en debilitar la educación pública con un devastador modelo privatizador, en el que está convirtiendo los servicios educativos, que deberían ser un derecho público garantizado, en un producto mercantilizado, al que no puede acceder toda la población”. Por ello, Izquierda Unida propone que el derecho a la educación se blinde con más recursos y medios para evitar que se consolide el modelo de desigualdad social que está desarrollando la Consejería de Educación.
En ese sentido, Sánchez Rufo ha advertido que el gobierno andaluz ha levantado otra “grave amenaza” contra el sistema educativo público, mediante un anteproyecto de orden con la que pretende ampliar los conciertos educativos privados a la enseñanza post obligatoria, incluyendo el Bachillerato, la Formación Profesional y la FP Dual. Esta medida privatizadora supondría un incremento del 7% de lo que la Junta de Andalucía se gasta de los recursos públicos en la educación privada y “todo ello en detrimento de lo que deja de invertir en la educación pública, como se ha comprobado con la falta de recursos con la que el consejero Imbroda ha castigado a la educación pública andaluza, al negarle todas las necesidades y reivindicaciones para el actual curso escolar que sigue sin medidas suficientes sanitarias y de seguridad ante la pandemia, con las ratios de alumnas y alumnos por aula disparadas y sobrecargando de trabajo a todo el personal docente”.
