La portavoz de Adelante (Izquierda Unida y Podemos) en el Ayuntamiento de Huelva, Mónica Rossi, ha anunciado este lunes la propuesta que va a defender en el Pleno municipal del próximo miércoles para hacer que el Consistorio de la capital onubense “inicie un proceso destinado a que la ciudad de Huelva cuente con una empresa pública municipal de energía”. Rossi explica que “esta propuesta la llevábamos” en el programa electoral de la confluencia electoral entre IU y Podemos en las pasadas elecciones municipales y “aspira a que en esta ciudad contemos con una comercializadora municipal de suministro eléctrico, capaz de garantizar precios justos y asequibles de la luz para nuestras vecinas y vecinos, además de hacer frente a las desorbitadas subidas de la factura eléctrica que se dan todos los años por culpa de un mercado energético monopolizado, en un 90%, por sólo cinco grandes empresas y donde la ausencia de intervención pública pone a la población más vulnerable a los pies de los objetivos únicamente comerciales y de enriquecimiento que manejan”.
Mónica. Rossi añade que Huelva se puede sumar así a otras ciudades que cuentan con comercializadoras municipales como son Cádiz, que funciona desde el año 2000, y las más recientes de Barcelona, Pamplona y Palma de Mallorca, “ganándole terreno a injusto oligopolio eléctrico”.
Rossi explica que hasta el año 1997, el Estado español contaba con empresas públicas energéticas, hasta que el primer gobierno de Aznar promulgó una Ley para entregar la “práctica totalidad del mercado eléctrico a grandes compañías privadas”, lo que ha supuesto el incremento del precio de la factura eléctrica, subidas brutales en pleno invierno o en la olas de calor de verano y la imposibilidad de que un sector básico como éste pueda gestionarse en beneficio del bien común y de la necesidad de acceder a la energía a las personas con más dificultades económicas en su día a día. Ante esto, “a la población sólo le queda pagar o quedarse sin luz, mientras las eléctricas privadas no dan explicaciones claras de cómo manejan el suministro energético ni garantizan el derecho básico a acceder al mismo en condiciones socialmente justas”.
Rossi añade que “no podemos olvidar que casi un tercio de la población onubense se encuentra en riesgo de exclusión social, incrementándose estas cifras debido a la crisis de la pandemia, por lo que impulsar la creación de una comercializadora energética municipal sería tomar medidas concretas en beneficio de la población onubense”.
La creación de una comercializadora pública municipal supondría la creación de una herramienta útil para avanzar hacia el cambio del modelo energético hacia la gestión pública y la nacionalización desde las ciudades, “un proceso que cada día es más urgente ante los problemas sociales que genera la gestión únicamente privada de la energía”, señala Rossi. Además, esta propuesta acarrearía ventajas como la mejor gestión energética en los edificios públicos municipales, la promoción entre la población de un uso racional de la energía, el respaldo al uso de fuentes de energía renovables y la posibilidad de que la demanda pública haga frente a las restricciones del mercado privado.
