El sindicato CGT ha denunciado en la mañana de este viernes que, «como en cursos anteriores, la Delegación de Educación prevé suprimir multitud de unidades de primaria e infantil en centros públicos, mientras que las unidades concertadas en centros privados se mantienen o aumentan».
Un año más, durante el periodo de matriculación se dispara la inquietud entre la comunidad educativa de la escuela pública onubense. “Todos los años se nos dice desde Delegación que su prioridad es la escuela pública. Sin embargo, en la práctica los hechos desmienten estas palabras.” afirman fuentes del sindicato de enseñanza. “Las directivas de los centros y las AMPA nos transmiten su preocupación ante la merma de unidades en colegios públicos, en toda la provincia”.
El caso más visible hasta el momento es el de los colegios Prácticas y San Fernando. Las familias se están movilizando para evitar la pérdida de varias líneas de infantil, lo cual reduciría aún más la ya de por sí escasa oferta pública en la zona centro de la capital.
Sin embargo, no son la excepción. Por ejemplo, en el barrio de La Orden, los CEIP Tres Carabelas y Arias Montano ven suprimidas una unidad de infantil. “La pérdida de unidades no solo resta oferta pública a las familias de la zona. Puede llegar a suponer pérdida de docentes especialistas, que pasarían a ser compartidos por varios centros”, explican las delegadas sindicales. “Además, los centros pueden quedarse sin figuras esenciales para su funcionamiento, como la secretaría y la jefatura de estudios. Estas tareas pasan a ser desempeñadas por la propia directiva, quien a su vez ve reducida notablemente la parte horaria dedicada a las labores de gestión. Incluso se perderían coordinaciones de ciclo, entre otras”.
No son estas las únicas consecuencias de la supresión de unidades. “En muchos casos, al pasar, por ejemplo, de dos a una línea, se obliga a los colegios a aumentar las ratios en las aulas, incluso superando el límite legal, veinticinco estudiantes. Esto supone una merma en la calidad en la atención al alumnado”. Sería el caso de centros como el CEIP Príncipe de España. “Allí, con un alto porcentaje de alumnado con dificultades en el manejo del idioma, se hace imprescindible una ratio inferior a veinte. Esta es una reivindicación mantenida por el centro desde hace tiempo. Sin embargo, al fijar la ratio en veinticinco, a este colegio también se le arrebata una unidad”. “En el I.E.S. Saltés, catalogado como de difícil desempeño, se suprime un grupo de segundo de ESO, justamente lo contrario de lo que es deseable en un centro de este tipo”.
Se da la circunstancia de que, a la vez que se recorta en centros públicos, se mantiene o incluso se aumentan unidades en centros privados de la misma zona. “¿Cómo es posible que las autoridades privilegien de este modo a las empresas privadas del sector educativo? Si aquellas no velan por el mantenimiento de los servicios públicos, están incurriendo en una clara dejación de funciones. Se escudan en la bajada de natalidad, pero ¿por qué siempre las consecuencias de este descenso recaen en la escuela pública? Y, ¿por qué no aprovechan esa bajada para disminuir ratios y para aumentar puestos de trabajo? Por desgracia, dado que la nueva ley educativa no modifica el mecanismo de conciertos educativos, volveremos a encontrarnos en la misma situación en cursos posteriores, finaliza el sindicato.
