El sindicato CSIF ha solicitado que se vigilen las secuelas, tanto físicas como mentales, que ha provocado la Covid-19 en los profesionales del sistema sanitario público que han resultado contagiados, un total de 584 trabajadoras y trabajadores en la provincia de Huelva desde el inicio de la pandemia, según los últimos datos oficiales facilitados por el SAS a fecha de 26 de febrero de este año.
De esos 584 profesionales afectados -que supone una incidencia del 7,44% en el colectivo- 422 han sido mujeres (7,65% de incidencia) y 162 hombres (con un 7,23%). La distribución de los casos diagnosticados se reparte de la siguiente manera: 292 en el hospital Juan Ramón Jiménez (lo que supone una incidencia del 8,29%); 126 en el Infanta Elena (un 10%); 71 en el Área Norte (6,36% de incidencia); en el distrito Huelva-Costa han sido 51 (4,63%); 42 en Condado-Campiña (una incidencia de 5,9%); y, finalmente, 2 en el CTTC (Centro de Transfusión, Tejidos y Células), con una incidencia del 3%.
Una vez analizados los datos, el sindicato CSIF ha puesto en marcha una campaña para solicitar la vigilancia de la salud de los profesionales realizando un seguimiento por posibles secuelas, así como estudios de seroprevalencia tras la vacunación frente al Sars CoV-2 para comprobar la inmunidad de los diferentes colectivos.
En este sentido, CSIF insiste en que numerosos profesionales infectados por su actividad laboral que han superado la Covid-19 están sufriendo tanto secuelas físicas como psicológicas. Entre las físicas se incluyen problemas de movilidad, alteraciones del suelo y del estado de ánimo, así como complicaciones asociadas con varios órganos, como alteraciones neurológicas, respiratorias, cardiovasculares, musculares o dermatológicas, entre otras. Entre las secuelas mentales, se han descrito trastornos de estrés postraumático, depresión, ansiedad, así como desestabilización de procesos previos al contagio, entre otros aspectos.
Por otra parte, a través de la campaña de CSIF se reclaman estudios epidemiológicos y el refuerzo de los recursos humanos en los Servicios de Prevención, incorporando incluso psicólogos ante el impacto psicosocial sufrido en la pandemia. La realización de pruebas PCR periódicas en ámbito sanitario y sociosanitario, como medida de control y prevención, es otra de las cuestiones que reivindica CSIF, que insiste en que la vigilancia de la salud tras la incorporación es fundamental para detectar las posibles secuelas post Covid-19 a través de los reconocimientos médicos.
La central sindical recuerda que las recaídas por estas secuelas deben ser consideradas bajas laborales por contingencia profesional, al menos para el personal sanitario y sociosanitario, que es el que lo tiene reconocido hasta el momento.
Finalmente, en el marco de esta campaña, el sector de Sanidad de CSIF va a registrar en los centros sanitarios públicos, a través de sus delegados sindicales, que se lleve a cabo esta vigilancia, ya que hasta el momento no se ha cumplido con la obligación de la empresa sobre el seguimiento periódico de la evolución de la salud en función de los riesgos inherentes al puesto de trabajo.
