El sindicato CSIF ha criticado que el anteproyecto de la reforma de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (Ley de Universidades) no incluye medidas para estabilizar y dar continuidad laboral a los profesores sustitutos interinos en las universidades andaluzas, con lo que no acaba con la precariedad.
El nuevo borrador del reglamento universitario introduce escasas mejoras para el Personal Docente e Investigador (PDI) y en el caso del profesorado asociado, el texto tampoco contiene ninguna medida para acabar con la precariedad que arrastra este colectivo, que ronda los 1.500 profesores en las instituciones académicas andaluzas.
La central sindical ha calificado de “pernicioso” que el anteproyecto mantenga las categorías con más precariedad laboral para el acceso a la carrera académica y que además no las mejore. A su juicio, esta situación “fomenta la duplicidad y la desigualdad entre trabajadores y frena la movilidad de las plantillas, además de producir su envejecimiento”.
A esta falta de equidad también contribuyen los nuevos requisitos de acreditación exigidos para el acceso a los cuerpos docentes universitarios puesto que, según el texto normativo, a partir de ahora se podrá hacer mediante convenio de cada agencia de calidad autonómica -en el caso de Andalucía, la Agencia Andaluza del Conocimiento (ACC)- con la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y sin que, hasta el momento, exista un marco común de actuación y criterios entre comunidades.
En este sentido, “las diferencias entre comunidades que se han ido marcando en los últimos años se acentuarían”, según explica CSIF, poniendo como ejemplo que “profesores contratados del País Vasco y Cataluña con menos requisitos de acreditación que profesores funcionarios andaluces –catedráticos y titulares- perciben menos salario”. Además, la central sindical censura que la “interdisciplinariedad no constituya un mérito en la evaluación de la actividad del PDI.
Desde CSIF se ha celebrado la incorporación al borrador de la ley del Personal de Administración y Servicios (PAS) propuesta por el sindicato, aunque considera “inadecuada” la incorporación a esta figura sólo mediante concurso ya que, como recoge la provisión de puestos de trabajo en las OEP, debe ser por concurso-oposición y no sólo por concurso. Esta última medida afectaría muy directamente a las universidades andaluzas.
Una financiación insuficiente con la ley de universidades
En cuanto a la financiación, el anteproyecto incluye destinar como mínimo el 1% del PIB a la educación universitaria pública, un porcentaje “poco ambicioso” a juicio de la central sindical que reclama en torno a un 1,5%, situándose actualmente en el 0,8 %. Delgado ha recordado que las universidades públicas andaluzas han sufrido en los últimos años una infrafinanciación, imposible de mantener durante más tiempo. Para CSIF, “las inversiones por alumno son manifiestamente mejorables y los planes de inversiones para investigación no deben sufrir tanto retrasos”. Así, “el desfase entre la publicación de una convocatoria competitiva de proyectos de investigación y su concesión y puesta en marcha tarda normalmente más de dos años”, apunta el sindicato.
Según CSIF resulta “preocupante” que se dejen en manos de los claustros de las instituciones académicas de enseñanza superior los temas “más espinosos” y que en los porcentajes de ponderación para la elección de rector “se minore al personal técnico, de gestión y administración y servicios, así como al PDI no permanente”.
Con respecto al estudiantado, el sindicato considera “problemáticos” los artículos del nuevo anteproyecto de la LOSU sobre el aumento de su participación en la creación de los planes de estudio, las guías docentes y en la evaluación de la actividad docente.
Por el contrario, CSIF valora como muy positivo que el anteproyecto de ley recoja su propuesta para que las administraciones públicas puedan fomentar programas competitivos de financiación para fortalecer la capacidad investigadora y la innovación docente.
Por último, el sindicato ha exigido que el documento de reforma universitaria, recientemente presentado por el ministro de Universidades, Joan Subirats, sea negociado con los sindicatos y resto de agentes implicados, dada la “amplitud y profundidad” de los cambios que incluye en relación a borradores anteriores. “No es en absoluto democrático hurtar la opinión y la negociación de los colectivos afectados y sus representantes en un tema tan complejo como el de las universidades”, ha finalizado.
