La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primera fuerza sindical en la Administración de Justicia, se ha concentrado este viernes en las puertas del Palacio de Justicia en Huelva, así como en el resto de las provincias andaluzas y españolas para denunciar el nuevo modelo organizativo de dicha administración impuesto en la Ley de Eficiencia Organizativa (LEO), que implicará modificaciones sobre jornadas, horarios, centros de destino y retribuciones que no han sido negociadas con la parte social. La próxima concentración está prevista para el próximo 20 de diciembre de 2022.
Estas concentraciones forman parte del calendario de movilizaciones que CSIF ha puesto en marcha junto a otras organizaciones sindicales hasta que el Ministerio de Justicia se siente a negociar la futura norma, que actualmente se encuentra en tramitación parlamentaria y que implicará modificaciones de las condiciones laborales sin negociar con los representantes de los trabajadores.
La responsable del sector de Justicia de CSIF Huelva, Mari Paz de la Cruz, ha criticado que la LEO vulnere la negociación colectiva puesto que supone que los complementos retributivos, jornada, horarios, la distribución de las plazas, las funciones y tareas de cada uno de los servicios y de cada puesto, entre otros aspectos, vendrán ya predeterminados a la mesa de negociación por los criterios aprobados entre el Ministerio y las comunidades autónomas.
De la Cruz ha lamentado que el debate de la justicia se centre en cuestiones políticas relacionadas con la renovación de los órganos constitucionales y administrativos del gobierno del poder judicial cuando la prioridad sería dotar a la Administración de Justicia de más y mejores medios para hacerla más ágil y más eficaz para el ciudadano.
En este sentido, el sector de Justicia de CSIF-A recuerda que al déficit de plazas, -desde jueces a personal de auxilio judicial- se suman equipos informáticos desfasados o que no funcionan, juzgados con infraestructuras obsoletas y en malas condiciones de conservación y una plantilla de trabajadores y trabajadoras totalmente sobrepasada. El sindicato lamenta que sea la ciudadanía quien una vez más pague las consecuencias del mal funcionamiento de la Administración y tenga que soportar una justicia lenta y con excesiva burocracia.
Para la central sindical es necesario que la reforma de la Justicia cuente con el máximo de los consensos, que suponga una mejora del servicio público y que se convierta en una fuente de oportunidades reales y efectivas para el personal de Justicia en su promoción profesional, condiciones laborales y retributivas.
