El calor empieza a afectar a los colegios. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) Andalucía, primera fuerza sindical de la enseñanza pública andaluza, ha reprochado a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional «que cargue a los equipos directivos de los centros educativos andaluces toda la responsabilidad de las medidas contra la incidencia del calor en las aulas».

Además, ha exigido «soluciones estructurales frente a las altas temperaturas y cómo afectan en la actividad de los colegios e institutos de nuestra comunidad».

La presidenta del Sector de Educación de CSIF-A, Elena García, ha  lamentado que «la falta de acondicionamiento de muchos centros educativos provoque, un año más, importantes problemas en su actividad cotidiana», al tiempo que ha reclamado «diligencia para materializar la Ley de Bioclimatización, que está guardada en un cajón, mientras los colegios viven el Día de la Marmota cada año cuando llegan las altas temperaturas», ha subrayado.

En este sentido, la responsable sindical ha recordado que dicha Ley fue aprobada en el Parlamento en junio de 2020 y está en vigor desde julio de dicho año, «sin que se hayan dado pasos relevantes que se traduzcan en mejoras sustanciales en este ámbito y sin que contemos con las auditorías energéticas de los centros y las medidas correctoras pertinentes en cada caso».

Además, ha apuntado que «las actuaciones que se están llevando a cabo se hacen a un ritmo muy lento, habida cuenta del elevado número de centros educativos y de actuaciones necesarias», al tiempo que ha reivindicado «que la Consejería tenga prevista anualmente una partida presupuestaria para acometer la bioclimatización de los centros educativos, de forma que las actuaciones no queden en papel mojado».

Asimismo, ha criticado que la respuesta de la Administración autonómica a la situación creada ante la anticipación del calor haya sido la publicación de unas instrucciones «que no ofrecen una solución satisfactoria a las incidencias por altas temperaturas, sino que lo que hace es responsabilizar de la toma de decisiones a los centros, que además pueden ser unas decisiones controvertidas porque afectan a la conciliación», ha argumentado.

En este sentido, García ha reclamado «la adopción urgente de soluciones y medidas estructurales, así como de una respuesta conjunta y coordinada de las administraciones implicadas, tanto la autonómica como las corporaciones locales».

 «Se trata de un tema (el calor) que afecta de forma directa a las condiciones laborales del profesorado y del PAS y al confort del propio alumnado, por lo que es urgente que se tomen las medidas necesarias para que la actividad en los centros se desarrolle en condiciones en las que no se vean afectadas la seguridad y la salud de las personas», según ha explicado.

En esta línea, ha aludido al «incumplimiento sistemático» de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales sobre las temperaturas que se deben mantener en los centros de trabajo, y que no deben superar los 27 grados como máximo.