El vicesecretario general del PSOE de Huelva y diputado nacional, Gabriel Cruz, ha querido destacar este jueves la importancia que tiene la política de vivienda en “la construcción de un país digno, de progreso, que aspira a mejorar las condiciones de vida de las personas”, en relación a los diferentes planes de rehabilitación y construcción de viviendas protegidas y de la recientemente aprobada Ley de Vivienda. Cruz, que ha afirmado que siendo uno de los pilares del Estado de Bienestar, la Junta de Andalucía “se muestra como ariete contra esa ley y tiene desatendida esta necesidad social aún teniendo las competencias para desarrollar sus propios planes y su propia ley”.

La vivienda, según ha comentado el diputado socialista onubense, “es un reflejo claro de las políticas que se llevan a cabo desde las administraciones, desde los diferentes poderes públicos, el compromiso que hay con la ciudadanía, un indicador muy claro, porque incide en un aspecto fundamental de las personas, que es poder atender en las necesidades básicas, ese día a día”. Por ello, desde el Gobierno de España se desarrolla una política de vivienda que muestra ese compromiso con la necesidad de atender un derecho recogido y consagrado en la Constitución”.

El Gobierno de Pedro Sánchez, a través de políticas específicas de vivienda, “está luchando contra la especulación, poniendo en marcha –ha comentado- no solo medidas y planes, sino una normativa dirigida a garantizar el acceso a la vivienda, el que se pueda disfrutar como bien esencial y bien fundamental, respetando por supuesto el derecho a la propiedad privada; y entendiendo el valor patrimonial que tiene para muchas familias, pero compatibilizándolo con el acceso a la vivienda de los jóvenes y de las personas más desfavorecidas”.

Para Gabriel Cruz, “no todas las administraciones responden igual”. Para cumplir esos objetivos, el Gobierno “ha puesto en marcha un plan estatal de vivienda dotado con 1.700 millones de euros. Adopta medidas que fomentan no solamente la construcción de viviendas sociales para ponerlas en alquiler, sino también la rehabilitación del parque residencial y posibilitarlo, ofertarlo y, por tanto, atender esas necesidades”.

En contraposición, “tenemos en Andalucía un Gobierno que teniendo competencia en materia de vivienda se muestra como ariete en la lucha contra la ley estatal, amparándose en las competencias exclusivas en materia de vivienda que tienen las comunidades autónomas, pero eso no se traduce en una política para atender las necesidades de viviendas de Andalucía”.

Los registros municipales de demandantes de vivienda son, a su juicio, “esperpénticos”, ya que, según ha afirmado, “se acumulan  miles y miles de demandantes sin que se les dé respuesta desde el Gobierno andaluz. Llevamos esperando la ley andaluza más de cinco años, en cambio se retrasan las actuaciones de rehabilitación, son absolutamente insuficientes los planes que abordan cuestiones de modernización y accesibilidad de edificios y eso es algo que no podemos consentir ni permitir.

En este aspecto, ha recordado el reciente convenio firmado entre el Gobierno, la Junta, la Diputación de Córdoba y otros municipios de la comunidad para la construcción de “más de 1.500 viviendas para alquiler asequible a familias y jóvenes que no pueden acceder al mercado libre. Más de 2.700 rehabilitaciones, con una inversión de más de 1.700 millones de euros, de las que, en torno a 50 van dirigidos a la rehabilitación de barrios para poner en el mercado esas viviendas y cerca de 70 millones van destinados a la construcción y promoción de esas más de 1.500 viviendas, lo que es una muestra del compromiso del Gobierno de España”.

Por el contrario “la Junta –ha aclarado- ha conseguido suscitar el rechazo y el clamor de muchas familias, sobre todo de los jóvenes, 22 meses después de aprobar las listas para el bono de alquiler, sin dejar resuelta la gestión, apareciendo nuevas listas”. La respuesta ha sido que se ha debido a “problemas técnicos ajenos al conocimiento de un gobierno que es consciente porque publicaron las listas hace 22 meses. Se podía haber preguntado el presidente de la Junta que por qué no se ponía en marcha el bono joven”.

Por todo ello, Cruz ha denunciado que “cunde el descontrol, la desorientación y la falta de respuesta de esas necesidades de 17.000 jóvenes en Andalucía, más de mil en Huelva, con el riesgo de perder las ayudas, porque quedan dos meses para ejecutarse, si no, expirarían y habría que –ha advertido- devolver el dinero”.