El coordinador de la Oficina Parlamentaria de Sumar en la provincia de Huelva, David F. Calderón, ha impulsado una iniciativa al Congreso de los Diputados para preguntar sobre las medidas que tiene previstas el Gobierno para la mejora del grado de cumplimiento de las Comunidades Autónomas de la Ley 16/2021, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.
David F. Calderón, ha recordado que una iniciativa similar fue llevada al Parlamento de Andalucía, donde el Gobierno de Moreno Bonilla admitió que no había iniciado ni un solo expediente sancionador contra las empresas que incumplen Ley “de precios justos”, una situación que perpetúa la venta a pérdidas o con márgenes mínimos de los productores agrarios, una de las principales reivindicaciones del sector durante sus actuales movilizaciones.
Para Calderón, la ‘Ley de precios Justos’ se encuentra actualmente “paralizada por el ejecutivo andaluz” que ha sido “incapaz de elevar una sola sanción en dos años” para las grandes empresas que incumplen la normativa de precios en el sector agroganadero, algo que “perjudica ostensiblemente a los pequeños productores y los condena a la precariedad”.
Calderón ha afirmado que “el incumplimiento de esta ley ocasiona un perjuicio especialmente grave a los productores agrarios sociales y familiares, que históricamente sufren prácticas abusivas de especulación por parte de intermediarios y grandes distribuidoras, que los fuerzan a vender por debajo del coste de producción, tal como están denunciando las principales organizaciones agrarias durante las tractoradas de estos días”.
Así ocurre, ha ejemplificado Calderón, “en las situaciones de abuso que sufren los productores del cerdo ibérico de nuestra provincia, sometidos al incumplimiento de los contratos por gran parte de la industria cárnica, que liquida importes muy inferiores a los acordados inicialmente. O los abusos que han sufrido los productores de leche en Huelva, que siguen obligados a vender a precios que hacen insostenibles nuestras pequeñas y medianas granjas”.
Este abuso de precios ha provocado, por ejemplo, que el sector ganadero de producción láctea vacuna y caprina en Huelva haya perdido cuatro de cada cinco granjas desde el año 2015.
Calderón ha explicado que “todas las comunidades autónomas, sin excepción, tienen la obligación de cumplir esta ley estatal” pero que “Moreno Bonilla sigue mirando hacia otra parte, condenando a nuestros productores agrarios a seguir vendiendo a pérdidas o con márgenes insostenibles, en beneficio de las grandes empresas”.
Del mismo modo, ha recordado que también se presentó una iniciativa en la Diputación provincial de Huelva que fue rechazada por el PP, demostrando que este partido “antepone los intereses de los grandes grupos de distribución y empresas especuladoras antes la supervivencia de nuestros agricultores”.
