El Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL), órgano adscrito a la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, ha celebrado este miércoles en Huelva su Comisión Permanente ampliada.

La reunión, a la que han asistido el director general de Trabajo, Seguridad y Salud Laboral de la Junta, Luis Roda; el delegado territorial de Empleo, Juan Carlos Duarte; y el presidente del CARL, José Manuel Gómez Muñoz, junto a los representantes de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de la provincia (Federación Onubense de Empresarios, UGT y CCOO), ha servido para analizar la situación de la negociación colectiva en esta provincia, así como los datos derivados de la gestión del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (SERCLA) en lo que va de año.

La Comisión ha contado además con la presencia de Manuel Carlos Alba, director del Área Jurídica y Relaciones Laborales de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA); Daniel Caldentey, representando a la FOE; la secretaria general de CCOO Huelva, Julia Perea; el secretario de Relaciones Laborales y Empleo de UGT Andalucía, Julián Vileya; y el secretario general de UGT Huelva, Francisco José Gutiérrez, entre otros.

José Manuel Gómez ha subrayado “el peso económico, jurídico y social de los convenios colectivos vigentes actualmente en la provincia de Huelva, 19 en total, de los que 13 están vigentes y el resto se hallan en periodo de negociación, y que en su totalidad afectan a 5.798 empresas onubenses y a más de 67.000 personas trabajadoras”.

Entre los convenios vigentes, diez de ellos se encuentran dentro del periodo de pactado, como es el caso del régimen del campo (2.000 empresas y 10.000 personas trabajadoras), el del metal (400 empresas y 10.000 trabajadores) o el de oficinas y despachos (1.000 empresas y 3.000 personas trabajadoras)

Además, tres de esos convenios se hallan prorrogados, como el de las panaderías (1.000 empresas y 500 personas trabajadoras); y seis están denunciados. Eso sí, todos ellos están en negociación, como el de construcción (1.000 empresas y 10.000 personas trabajadoras), hostelería (300 empresas y 17.000 personas trabajadoras), Automoción (300 empresas y 5.000 personas trabajadoras), conservas y salazones (6 empresas y 300 personas trabajadoras), derivados del cemento (30 empresas y 300 personas trabajadoras) y limpieza de edificios y locales (60 empresas y 1.500 personas trabajadoras).

Al respecto de todo esto, el presidente del CARL ha destacado “que los convenios actualmente en vigor tienen un gran valor para la economía de la provincia de Huelva, resaltando el papel del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales (SERCLA), como una herramienta útil del CARL, la normalidad y cordialidad de los procesos negociadores, así como la labor de los mediadores y las mediadoras, el empresariado y los sindicatos para resolver diferencias que pueden darse en cualquier negociación colectiva”.

Acción del SERCLA en Huelva

La Comisión Permanente del CARL ha valorado también positivamente la acción del SERCLA en la provincia de Huelva durante el primer trimestre de 2024, en el que se presentaron un total de 20 expedientes de conflicto colectivo, que extendieron sus efectos a 22 empresas y 4.742 personas trabajadoras, un número que duplica el mismo periodo del año anterior.

En este sentido, el número de expedientes presentados en Huelva en el primer trimestre de 2024 supusieron el 7,34% del total de Andalucía, afectando al 0,39% de las empresas y al 5,14% del total personas trabajadoras afectadas en toda la Comunidad Autónoma.

La mayoría de los procedimientos presentados fueron previos a la vía judicial (13). También se registraron 6 procedimientos previos a la huelga y uno de mediación general. Respecto a los conflictos individuales, durante el primer trimestre de 2024 se tramitaron en el SERCLA de Huelva un total de 30 expedientes. La tramitación efectiva se llevó a cabo en 23 de esos expedientes, con un porcentaje de avenencia del 26,31%.

II Plan de Apoyo a la Negociación Colectiva

Asimismo, durante la celebración de la Comisión Permanente se ha presentado el II Plan de Apoyo a la Negociación Colectiva 2023-25 a las personas responsables de los procesos de negociación en la provincia, así como la implementación de medidas previstas para 2024, fundamentalmente referidas a la formación de las personas negociadoras y a la elaboración de recomendaciones y cláusulas tipo.

Este II Plan de Apoyo es una medida incluida en el Pacto Social y Económico para el Impulso de Andalucía firmado en marzo, y que cuenta con 7 objetivos estratégicos, 14 objetivos operativos y 77 medidas de apoyo de cara a fortalecer y agilizar la negociación de los convenios colectivos.

En este sentido, la Comisión Permanente ha destacado la reciente puesta en marcha la Cátedra de Negociación Colectiva y Relaciones Laborales de Andalucía, que comienza su andadura con un curso de formación de negociadores de convenios colectivos en los meses de mayo y junio y que reunirá a destacados catedráticos y profesores del Derecho del Trabajo de las universidades de Córdoba, Sevilla, Cádiz, Málaga, Granada y Huelva, así como a abogados y consultores. La Cátedra se concibe como un nuevo instrumento para impulsar y fortalecer la negociación colectiva en Andalucía. Nace de la cooperación entre la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) y el CARL.

Órganos para la negociación colectiva y la conflictividad laboral

El CARL, que integra a las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de la comunidad autónoma, es un órgano de concertación y diálogo permanente en el ámbito de las relaciones laborales que vela por el impulso de la negociación colectiva entre los interlocutores sociales, como instrumento de diálogo y de ordenación de las relaciones laborales y la promoción de su adecuación a la realidad sociolaboral.

El Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía, el SERCLA, tiene, por su parte, los objetivos de solucionar conflictos laborales, canalizar discusiones y desacuerdos en ese ámbito, evitar la judicialización de la conflictividad laboral, y promover la paz social y el desarrollo económico.