El coordinador provincial de Izquierda Unida de la provincia de Huelva, Marcos Toti, ha presentado alguna de las líneas del programa electoral de Sumar de cara a las próximas elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio y ha dado a conocer una iniciativa al pleno de Diputación en este sentido, pidiendo por un lado que se haga cumplir por parte de la Junta de Andalucía la Ley de Cadena Alimentaria que garantizaría precios justos a los agricultores y ganaderos de la provincia tal y como reclaman las asociaciones agracias y por otro, un posicionamiento acerca de los tratados de libre comercio aprobados en Europa y que perjudican al sector primario onubense permitiendo parámetros de calidad más bajos en los productos lo que supone una “competencia desleal” para el sector agropecuario onubense.

Según ha expresado Toti, “tras casi dos años desde la aprobación de la Ley de Cadena Alimentaria, la Junta de Andalucía sigue sin aplicarla de forma efectiva, situándonos como una de las comunidades autónomas del país en relación con su población con menor número de expedientes y sanciones abiertos por incumplimientos de esta Ley”

Para Toti, esto ocasiona un grave perjuicio a los productores agrícolas y ganaderos de la provincia que siguen sufriendo prácticas abusivas por parte de grandes distribuidoras, viéndose forzados, en muchos casos, a vender sus productos por debajo del coste de producción, tal como han denunciado las principales organizaciones agrarias”.

Con esta “inacción” del gobierno andaluz se perpetúan situaciones como el abuso que sufren los productores de cerdo ibérico onubenses, sometidos al incumplimiento de los contratos por parte de la industria cárnica, que liquida importes muy inferiores a los acordados inicialmente”.

“Este abuso de precios ha provocado, por ejemplo, que el sector ganadero de producción láctea vacuna y caprina en Huelva haya perdido cuatro de cada cinco granjas desde el año 2015”, ha remarcado Toti.

Por ello, la moción que presenta para debatir en la Diputación Provincial de Huelva, insta a la Junta de Andalucía a garantizar unos “precios justos a los productores haciendo cumplir la Ley de Cadena Alimentaria.”

Del mismo modo pide instar al Consejo de la Unión Europea a que rechace los tratados de libre comercio que no garanticen normas idénticas en las importaciones evitando el dumping ambiental, laboral y económico que se desprende de los Tratados Comerciales Internacionales entre la Unión Europea y terceros países y pide a la Unión Europea a desarrollar una Política Agraria Comunitaria que garantice la distribución de los fondos europeos en favor de las pequeñas y medianas explotaciones, así como que adecue la burocracia para que puedan acceder a las ayudas las pequeñas y medianas explotaciones.

Por último, insta al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía a que promueva un banco de tierras público que facilite el acceso a la actividad agraria a las jóvenes generaciones y al Gobierno de España a que redacte y apruebe la ley de agricultura social y familiar, que tenga entre sus objetivos transitar hacia una agricultura agroecológica donde los agricultores ganen independencia de las grandes empresas de pesticidas, fertilizantes y semillas reduciendo costes económicos y contaminantes.