El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, y la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, han suscrito este lunes un convenio de colaboración para que los menores infractores cumplan medidas judiciales de medio abierto realizando prestaciones en beneficio de la comunidad y tareas socioeducativas en servicios municipales como parte de su proceso de reeducación y reinserción.
La Consejería de Justicia tiene como competencia garantizar los medios necesarios para la ejecución de las medidas impuestas por los juzgados de Menores que pueden ser privativas de libertad, que cumplen en los Centros de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) como el Odiel en Huelva; o de medio abierto, como la libertad vigilada, las prestaciones en beneficio de la comunidad, tareas socioeducativas y actividades reparadoras con la sociedad con las que se persigue la reeducación del menor y su reconciliación con la sociedad al comprender el daño que ha provocado con su acción delictiva.
Para ello, la Consejería puede firmar convenios con entidades pública y privadas donde pueden ejecutar estas medidas. En la provincia de Huelva hay acuerdos con 26 ayuntamientos y las ONG Banco de Alimentos, así como la Asociación Olotense contra la droga, con quien se firmó el pasado abril “gracias al trabajo de la delegada territorial, Carmen Céspedes”, ha destacado Nieto.
Huelva era la única capital andaluza con la que no existía convenio y el 30% de los menores onubenses que cumplen medidas judiciales de medio abierto residen en la ciudad, por lo que ha agradecido a la alcaldesa su “sensibilidad” para que el Ayuntamiento sea “un aliado más” en la labor del sistema de Justicia Juvenil que busca la “rehabilitación completa” de los menores infractores, “que se den cuenta de que eso está mal y no vuelvan a hacerlo”.
Nieto ha destacado que las tareas socioeducativas y prestaciones en beneficio de la comunidad en el entorno más cercano “son tremendamente eficaces” para la reeducación de los menores y evitar que reincidan ya que ven que la pintada que hacen, los daños en el mobiliario urbano o en escaparates de su ciudad que provocan “en un mal fin de semana o en una actuación que se les va de las manos” luego tienen que repararlo funcionarios municipales. Al ver directamente que hay personas de su misma ciudad que invierten tiempo y recursos en arreglar lo que ellos han roto, toman conciencia del daño que causan.
El acuerdo firmado evitará que tengan que desplazarse al cumplir las medias que les impongan los jueces en los servicios municipales de limpieza de parques y jardines, mantenimiento de mobiliario urbano o la atención a colectivos vulnerables en los servicios sociales y Protección Civil, tomando así conciencia de otras realidades, lo que contribuirá a su educación en valores.
Por su parte, Pilar Miranda, ha agradecido al consejero la “agilidad” en la tramitación de la documentación necesaria para la firma de un convenio que ha reconocido que le hace “mucha ilusión porque me he llevado 20 años en los servicios sociales comunitarios y sé que los jóvenes son una pieza fundamental”. Ha defendido la importancia de dar a los menores infractores “una oportunidad de que cambien de actitud” mediante las tareas para resarcir el daño causado en servicios municipales ya que “supone una educación en valores”.
Tras la firma del convenio con la alcaldesa, el consejero ha visitado al equipo de profesionales encargados de hacer un seguimiento a los menores infractores de toda la provincia desde el Servicio Integral de Medio Abierto (SIMA), que cuenta con 18 trabajadores entre psicólogos, educadores, trabajadores sociales y mediadores. A ellos se suman otros 18 que trabajan en los dos Grupos Educativos de Convivencia (uno masculino y otro femenino) y dos profesionales del equipo de mediación penal.
Los equipos del SIMA son los encargados de realizar los informes de seguimiento para los jueces de Menores y controlar la ejecución de las medidas. Gracias a la implantación del Expediente Judicial Electrónica, toda la documentación sobre un menor está unificada en un solo expediente y todas las comunicaciones entre juzgados, fiscalías y SIMA son telemáticas, lo que facilita el seguimiento de la evolución del menor en todo momento. Además, los datos se pueden anonimizar para utilizarlos en investigaciones y estudios que ayudará mejorar el sistema de Justicia Juvenil. Para ello, la Consejería está diseñando un Observatorio andaluz.
El año pasado 180 jóvenes ejecutaron cerca de 200 medidas judiciales no privativas de libertad en Huelva (hay más medidas que número de menores porque un mismo menor puede cumplir varias medidas). La más habitual fue la libertad vigilada (138 medidas), seguidas de las prestaciones en beneficio de la comunidad y tareas socioeducativas (25) mientras que 19 menores pasaron por los Grupos Educativos de Convivencia.
Además, se realizaron 127 mediaciones que evitar que se celebrarán otros tantos juicios de las que 108 acabaron con acuerdos entre las partes que evitar llegar a juicio. En 84 casos aceptaron llevar a cabo medidas reparados en beneficio de la sociedad y en otros 24 la realización de tareas socioeducativas.
