Podemos y Alianza Verde han registrado una batería de preguntas parlamentarias en el Congreso de los Diputados sobre los riesgos del hundimiento de las balsas de fosfoyesos de Huelva, una vez que se ha detectado un descenso del terreno de unos 15 centimetros al año segun datos del programa Copérnicus de observación por satélite de la UE.
La diputada andaluza de Podemos, Martina Velarde, ha instado a la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, a tomar acción ante la evidencia del hundimiento de estas balsas: “Las balsas de fosfoyesos en Huelva constituyen el mayor peligro medioambiental de nuestro país”, explica Velarde quién, además, ha recalcado que “ocupan una extensión similar a la del núcleo urbano de Huelva y son una amenaza directa para la salud de la población y el ecosistema de la ría”.
Proyecto Restore 20/30 para los fosfoyesos
Juantxo López de Uralde, coordinador de Alianza Verde, ha expresado su rechazo ante la posibilidad que sea la ciudadanía quién “pague las consecuencias de décadas de contaminación industrial sin una respuesta firme por parte del Gobierno”. Velarde, junto a Uralde, ha preguntado a la ministra si continuará con la validación del Proyecto Restore 20/30, presentado por Fertiberia, que tiene como objetivo cubrir las balsas de fosfoyesos con tierra y vegetación y que, por tanto, se traduciría en un peso añadido que “agravaría su hundimiento”, según indica la diputada Velarde.
La iniciativa de Uralde y Velarde también ha interpelado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) con el objetivo de que exprese si es conocedor del informe satelital que pone en evidencia el hundimiento de las balsas y, a su vez, concrete qué medidas han tomado el Gobierno de España frente al hundimiento en la ría de Huelva.
El proyecto FIC-Fighters de la Unión Europea ha sido otra de las cuestiones que Velarde y Uralde han comentado como ejemplo de reciclado y aprovechamiento del material depositado en balsas similares de seis ciudades europeas con el fin de exigir al ejecutivo una alternativa efectiva de descontaminación y restauración ambiental, que no se ciña a tapar las bolsas sino que busque eliminar de forma real los residuos peligrosos.
