La empresa Cepsa ha paralizado sus inversiones en nuevos proyectos de hidrógeno verde en España, según anuncian este viernes distintos medios económicos, que explican como causa fundamental al denominado ‘impuestazo’ a las empresas energéticas y la banca, que dejaría de ser temporal (años 2023 y 2024) para pasar a ser permanente. La compañía teme que la rentabilidad de sus inversiones se reduzca de tal manera que no las haga viables, por lo que valora realizarlas en otros países del mundo.
La provincia de Huelva se vería muy afectada si esta inversión no se llega a realizar, ya que se han puesto grandes esperanzas en el proyecto Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, para el que la empresa tenía prevista una inversión de 3.000 millones de euros y la creación de 10.000 empleos, entre directos, indirectos e inducidos.
Según adelanta el diario ‘Expansión’, Cepsa tiene ya identificados proyectos en Argelia, Marruecos, Brasil y Estados Unidos que se acelerarán si quedan liberados recursos en España, por el llamado coloquialmente como ‘impuestazo’.
La pasada semana, el Gobierno anunció que incluía entre los compromisos remitidos a Bruselas el mantenimiento de «manera permanente» de los gravámenes extraordinarios sobre las energéticas y la banca. Cepsa ha sido uno de los grupos más perjudicados por este gravamen. El pasado año 2023 cerró en unas pérdidas de 233 millones tras pagar más de 320 millones de euros por el impuesto.
Reacciones
El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, ha criticado el «impuestazo» a las energéticas y a la banca. «No entendemos la voracidad fiscal del Gobierno», ha dicho, al tiempo que ha puesto especial énfasis en el hecho de que las inversiones de Cepsa en España radican fundamentalmente en Andalucía y, en concreto, en Huelva y en Cádiz. «Estamos hablando del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, un proyecto emblemático para el Plan Nacional de Energía y Clima, es decir, el propio Gobierno de España, hasta ahora pensábamos que estaba verdaderamente interesado en sacarlo adelante», ha lamentado.
Igualmente, la consejera de de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha sidomuy crítica con la continuidad del «impuestazo» a las energéticas y a la banca. España ha indicado que desde el ejecutivo andaluza ya «lo veníamos advirtiendo y avisando de que algo así podía suceder», por lo que ha dicho no comprender que el Ejecutivo central, «en lugar de trabajar para que llegue la inversión, lo único que haga es generar incertidumbre y ahuyentar a las empresas».
Por su parte, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha relativizado el anuncio de la petrolera Cepsa, indicando que hay que «vivir con normalidad» estas reacciones del sector empresarial, que entiende está «sobreactuando, hiperventilando y haciendo afirmaciones de este tipo».
La vicepresidenta y ministra ha esgrimido como un ejercicio de «justicia social» que las empresas que presentan «un mayor rendimiento en su cuenta de beneficios», de lo que ha puesto como ejemplo los beneficios conocidos de las empresas energéticas, para instar a que en consecuencia «abonen más al erario público» con la premisa de que ese incremento de la recaudación tributaria del Estado propiciará que esos nuevos recursos «se redistribuyan en términos de mejora de los servicios públicos en la sanidad, en la educación, en la dependencia».
