La noticia de que varios lugares de la provincia de Huelva han sido declarados por la Junta de Andalucía Lugares de Memoria Histórica, no debería sorprendernos ni hacernos sentir exaltados. Cuando la idea de la recuperación de la memoria histórica surgió en la legislatura anterior, muchos pensaron que no se entendía porque, con la Constitución del 78, la reconciliación había sido alcanzada y que ya no cabían la exhumación de los cadáveres de las personas que habían sido represaliadas por la dictadura del general Franco ni el enjuiciamiento de los participantes en las atrocidades que pudieran quedar vivos. Pero a poco que uno piense, se da cuenta de que el paso de un régimen a otro debe suponer la rendición de cuentas del anterior, máxime cuando el último es ilegal porque procede del levantamiento de los militares contra la legalidad establecida, en este caso, la II República Española. Como se recordará, mi pensamiento siempre ha sido que a pesar de la mala deriva de la república, la situación se debió solventar por medios lícitos y no por la instauración de un régimen sin libertades y de terror.

La dictadura de Franco fue un régimen no sólo de total falta de libertades, sino de gran precariedad social. Se conocieron el hambre, el racionamiento y la miseria y, lo que es peor, el asesinato selectivo o el encarcelamiento de los no adeptos al nuevo sistema. Las personas que durante la república se habían señalada en su militancia por la libertad o por sus ideas, bien fueron encarceladas o directamente fusiladas, en muchos casos después de haber sido torturadas. La provincia de Huelva, de forma especial la zona de la mina, sabe mucho de esto y resulta lamentable que tantos autores de estos crímenes o los colaboradores de los mismos, hayan fallecido con total tranquilidad en sus camas sin haber rendido cuentas ante los familiares de las víctimas ni ante el conjunto de la sociedad.

La cárcel provincial de Huelva sabe mucho de esta represión porque además fue una prisión especializada en la guarda y custodia de los presos homosexuales. Como sabemos, la dictadura franquista consideraba la homosexualidad como un delito y por lo tantos los homosexuales manifiestos de la época eran encarcelados en virtud de aquella terrorífica Ley de Peligrosidad Social. No podemos olvidar que la iglesia católica, compañera de viaje del franquismo, tuvo mucho que ver en estas atrocidades y que muchas personas fueron conocidas en sus supuestos delitos de desafección al régimen o de homosexualidad por delaciones directas del clero, según informa represaliados y familiares de los mismos.

Nadie puede negar el derecho a los familiares de las víctimas de la represión franquista a abrir las fosas y rendir su respeto a los restos que aún se puedan hallar y darles digna sepultura en virtud de una reconciliación que no es cierta, sino que es la imposición de los vencedores sobre los vencidos y el olvidos de sus crímenes y atrocidades. Tanto la cárcel provincial como las fosas comunes de La Palma del Condado, la Isla Saltés, el cementerio viejo de Almonte, el muro del Parque Moret o el Membrillo Bajo de Zalamea la Real, son dignos de la consideración recibida por parte de la Junta y de buena parte del pueblo andaluz. Habrá que ser muy obtuso para no comprender el dolor de los familiares y parientes de los que murieron después de la guerra a manos de un sistema impuesto por la fuerza de las armas y bajo la ley del terror. Para ellos, los desparecido y represaliados por haber creído en la libertad o por no haber sido heterosexuales o pensado de manera diferente a las exigidas por el régimen franquista, nuestros merecido homenaje y tantos actos de respeto como sean necesarios.