La Delegación del Gobierno de la Junta ha convocado para este miércoles a los representantes del sector industrial en Huelva, al objeto de estudiar la propuesta «de abrir un marco de diálogo en el que participen administraciones, la AIQBE, empresarios, sindicatos y otros agentes sociales», tras la reiteración de episodios de contaminación por malos olores en la ciudad de Huelva.

Desde la Junta se ha emitido un comunicado, en el que además de anunciar esta reunión, se asegura que «ante las incidencias registradas el pasado fin de semana en Huelva la Junta de Andalucía ha reforzado las medidas de control sobre las emisiones a la atmósfera procedentes de la actividad industrial. La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva está trabajando desde hace meses en la identificación del origen de los malos olores que afectan a Huelva capital y al área metropolitana«.

En concreto, dado que los valores de emisiones no han superado los límites marcados por la ley, la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha requerido estudios olfatométricos a doce empresas químicas con el fin de elaborar planes de trabajo para eliminar las emisiones que provocan los episodios de malos olores. Las industrias deberán tener presentados sus estudios a principios del próximo año para que sean revisados por los técnicos de la Junta antes de acometer esas acciones concretas. Las primeras propuestas que han presentado las empresas ante la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental se han rechazado por parte del Servicio de Calidad del Aire porque no son lo suficientemente exigentes.

Además, teniendo en cuenta que estos estudios solo mostrarán valores cuantitativos referidos a la intensidad de la emisión de olores, y no arrojarán valores cualitativos, la Junta de Andalucía ha complementado estos estudios con otro para identificar los olores que percibe la población cuando se dan determinadas condiciones meteorológicas con elevada humedad y, además, el viento sopla en dirección al área urbana.

Para ello, técnicos especializados – panelistas – están trabajando desde septiembre en diferentes turnos para detectar el foco concreto de emisión. Este estudio se prolongará durante tres meses, con una distribución horaria aleatoria que incluye cualquier hora del día en jornadas laborales y festivas, con especial hincapié en los tramos de tarde y noche. Este trabajo estará finalizado en enero de 2016.

La Junta de Andalucía asegura en su comunicado que «será muy exigente con este asunto que ha creado una alarma social que “entendemos y respetamos” y no permitirá que las empresas eludan responsabilidades ante estos episodios de malos olores. Por ese motivo, la administración está intentando identificar lo antes posible el origen de estas emisiones».

Andalucía tiene una de las normativas ambientales más exigentes de todo el país, por lo que esta administración seguirá velando por el cumplimiento de la misma. La administración autonómica ha recordado que “somos muy exigentes y lo seremos más en el control de emisiones para tener la garantía absoluta de que los procesos productivos son compatibles con el medio ambiente”. Las grandes instalaciones de combustión tendrán que adaptarse a la nueva ley a partir del 1 de enero de 2016 donde se revisan los límites actuales y se establecen nuevos.

En la provincia existen 21 cabinas de inmisión (6 de ellas en Huelva capital y su entorno) que miden los valores del aire que perciben los ciudadanos. Aunque estos receptores constatan valores dentro de la normalidad incluso en los momentos de percepción de malos olores, la Junta ha reforzado su actuación con  las medidas anteriormente detalladas.

La administración andaluza está trabajando intensamente para detectar cuál es el origen de estos episodios de malos olores para exigir a los responsables que tomen medidas para acabar con esta situación. Lo que sí se puede afirmar es que el foco se localiza en el polígono Nuevo Puerto, en Palos de la Frontera.

El Gobierno andaluz seguirá trabajando para mejorar la convivencia entre la industria química y la ciudadanía haciendo cumplir la normativa ambiental. La Junta espera, como no podría ser de otra forma, la máxima colaboración de las empresas para que entre todos se corrija esta situación.