El grupo socialista de la Diputación de Huelva presentará una moción al próximo pleno de la Institución Provincial, que se celebrará el próximo miércoles, 4 de octubre, en la que se insta al Gobierno de España a tomar una serie de medidas para alcanzar un nuevo Pacto de Rentas. Las medidas que propone el PSOE en esta iniciativa plenaria tienen como objetivo prioritario «romper la dinámica instalada en España de bajos salarios, precarización y aparición de trabajadores pobres, y dar paso a un nuevo modelo de salarios decentes en nuestro país, basados en un reparto más justo de la productividad».

Según recoge la moción, “la desigualdad salarial se ha disparado durante la etapa de Gobierno de España del PP, incluso en los años recientes de recuperación de la actividad y descenso de la tasa de paro. En concreto, los salarios del 40% de la población con menores sueldos han disminuido, especialmente entre los trabajadores con un contrato temporal”.

Los descensos han afectado, según la iniciativa, “de modo principal a los más jóvenes porque los salarios de los trabajadores de entre 25 y 34 años de edad han caído un 5,5% en términos reales».

Esta evolución salarial, continúa la moción, ha derivado en un importante aumento del fenómeno de los trabajadores pobres: el porcentaje de trabajadores en riesgo de pobreza, definido como la proporción de trabajadores con una renta inferior al 60% de la media de ingresos, ha pasado del 10,8% en 2012 al 13,1% en 2015, ratio únicamente superada por Grecia y Rumanía.

Este modelo, prosigue la moción, se ha consolidado, de modo que los nuevos entrantes en el mercado de trabajo lo están haciendo con un descuento en sus salarios del 25% con respecto al resto de trabajadores, brecha que se ha aumentado en los últimos años.

Además, añade que “el actual modelo salarial en España está impidiendo que el progreso económico y social se extienda a la mayoría de españoles. Además de los nefastos efectos sociales que acarrea, también desde el punto de vista estrictamente económico, el modelo actual tiene cada vez menos sentido al poner en riesgo la recuperación económica en la medida que imposibilita la normalización del consumo de los hogares, que aún se encuentra por debajo del nivel previo a la crisis. Es un hecho constatado que el mantenimiento de niveles de consumo aceptables en nuestro país, sobre el telón de fondo de bajos salarios, se está realizando a costa de una disminución de la tasa de ahorro de las familias, que es un modo insostenible de avance».

Por todo ello, en la moción se insta a que «desde el Gobierno de España se favorezcan los incrementos salariales anuales en los acuerdos entre patronal y sindicatos, para lograr que en 2021 los salarios hayan recuperado el peso que tenían en el reparto de la renta nacional en el período previo a la crisis». Específicamente, el grupo socialista propone un incremento salarial entre un 2% y un 3% en 2018, y entre un 2,5% y un 3,5% en los años sucesivos (2019, 2020 y 2021).

También se solicita al Ejecutivo de Mariano Rajoy «que consensúe con los sindicatos un incremento gradual del salario mínimo interprofesional hasta alcanzar los 1.000 euros mensuales en 2020 y se refuerce el principio de causalidad como única justificación de los contratos temporales, junto con un refuerzo de la inspección de trabajo para que dichos contratos sean realmente una herramienta transitoria y excepcional».

Otra medida importante que se reclama es que «se derogue la reforma laboral con el fin de poder recuperar el poder de negociación de los trabajadores».

También se incluye entre los acuerdos que «se equipare la subida salarial de los empleados públicos en 2018 con el aumento de la inflación, incorporando complementos adicionales que permitan ir recuperando el poder adquisitivo perdido, así como generalizar la implantación de la jornada de 35 horas semanales en el sector público, sin disminución de las retribuciones económicas».

En cuanto a las acciones dirigidas a los trabajadores jóvenes, en la moción se insta al Gobierno de España «a poner en marcha un plan de choque con medidas específicas, como la promoción del contrato de relevo y del contrato en prácticas, así como una nueva regulación de las prácticas no laborales».

Al mismo tiempo se solicita al Gobierno Central que «tome medidas concretas contra la brecha salarial de género, como la aprobación de una ley de Igualdad Laboral, que, entre otros aspectos, establezca la obligatoriedad de que los salarios de todos los empleados, así como su modalidad de contrato, sean de conocimiento público».

El último de los acuerdos que se plantea en la moción es «que se tomen medidas para eliminar los fenómenos de precarización de los falsos autónomos y todas las nuevas formas de superexplotación laboral».