La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha exigido a la Junta de Andalucía que tome medidas urgentes para dotar al personal que trabaja en residencias de mayores de los equipos de protección oportunos para “poder realizar su tarea con las mayores garantías posibles, tanto para los propios trabajadores y trabajadoras como para las personas usuarias de dichos centros”.
Ante la crisis del Covid-19 y su incidencia en este tipo de centros debido precisamente a la vulnerabilidad que presentan las personas mayores, desde los sectores de Administración General de la Junta de Andalucía (AGJA), de la Empresa Privada y de Corporaciones Locales de CSIF se exige que el personal que trabaja en los mencionados centros de manera más directa con los usuarios y usuarias disponga de equipos de protección individuales (EPI) de carácter integral, de forma que se minimice la posibilidad de contagio del virus.
La central sindical entiende que sólo mediante la utilización de dichos EPI integrales (formados por traje aislante especial, gafas, guantes y mascarillas) se minimiza la posibilidad de contagio. “El personal que trabaja en estas residencias está desconcertado y teme, más allá de porque pueda producirse su propio contagio, por el de las personas usuarias”, según testimonios recabados por el sindicato.
Por ello, tanto el Sector de la Administración General de la Junta de Andalucía (AGJA) en CSIF, que es el sindicato más representativo en esta administración, como los sectores de Empresa Privada y Corporaciones Locales piden a la Administración, “que tiene la obligación de velar por el buen funcionamiento del conjunto de estos centros, y no sólo de los que son de su titularidad, y máxime en la situación de crisis sanitaria en la que nos encontramos, que tome cartas en el asunto y comience a actuar de manera urgente para preservar la seguridad de los profesionales y de los propios residentes, disponiendo los medios materiales necesarios”.
La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta tiene las competencias relativas a la ordenación, gestión y coordinación de los centros y servicios de atención y protección a personas mayores, tanto de la Administración de la Junta de Andalucía como concertados. Además, la normativa le atribuye las funciones en materia de autorizaciones y acreditaciones de todos los centros de atención a personas mayores. En concreto, la red de centros residenciales de personas mayores de gestión directa y a través de conciertos suma en Andalucía más de 20.000 plazas.
