La plataforma ‘Salvemos Doñana‘ mantuvo este lunes una reunión para «retomar el trabajo» frente a la proposición de ley de PP y Vox para regularizar hectáreas de regadíos en la Corona Norte y que la pasada semana fue aprobada en el Parlamento andaluz su toma en consideración. Las entidades que la conforman prevén desarrollar un plan de actuaciones para ofrecer a la ciudadanía espacios para «su participación en defensa de Doñana» y para «protestar por esta torticera propuesta».

Según ha indicado la plataforma en una nota de prensa, por una parte, se van a realizar jornadas de información y debate en los municipios afectados por el problema del exceso de regadíos y de extracción de agua, así como varios actos de performance en la ciudad de Huelva.

Por otra, según ha indicado la plataforma, se va a organizar un acto de rechazo que se espera «llegue a ser multitudinario», en el que será «vital» la participación de todas las personas que «sientan Doñana como una joya protegida propia, con el ánimo de reclamar justicia real, posible y duradera para este humedal y las poblaciones de la comarca».

Además, se iniciará una ronda de contactos con entidades de diversa índole al objeto de «aunar voluntades en la defensa de Doñana», así como otras actividades de naturaleza institucional.

En este sentido, la Plataforma ‘Salvemos Doñana’ y las entidades adheridas confían en que estas acciones sirvan «como freno a esta propuesta de destrucción irreversible» del Gobierno andaluz.

«Reclamaremos otra forma de hacer las cosas, con participación, debate y consenso, con una visión de trabajo integradora para Doñana y que la actividad económica agrícola de buenas prácticas tenga cabida con las demás actividades, para proveer de un futuro a sus habitantes sin mermar la fuente de recursos finitos que constituye este espacio natural protegido tan altamente valioso, singular y vulnerable», han valorado desde la plataforma.

«DOÑANA EN RIESGO»

La proposición de ley, que «fue iniciada en 2022 y decayó por la cercanía de las elecciones autonómicas, ha sido desempolvada recientemente» con «clara intención electoralista, poniendo en riesgo nuevamente la integridad y los valores de Doñana».

«Se trata de una iniciativa legislativa muy contestada ya en su primera versión de 2022, que se ha puesto de nuevo en marcha hace un mes y medio por la vía rápida y con la connivencia del Gobierno andaluz. Con ello, la Junta de Andalucía ha soslayado las obligaciones legales de transparencia y participación pública. Además, la Junta ha ninguneado al Consejo de Participación del Espacio Natural Doñana y su potestad de información facultativa, donde están representadas todas las entidades relacionadas con el espacio protegido», ha aseverado la plataforma.

En este sentido, ‘Salvemos Doñana’ considera que la propuesta es «inapropiada y desatinada», toda vez que «hace caso omiso al informe demoledor presentado por la estación Biológica de Doñana (CSIC), a las recomendaciones de la Unesco y la Convención de Humedales Ramsar, e incluso a las advertencias en forma de sanciones y multas que la Unión Europea hace a España por el incumplimiento de los requisitos de conservación en la gestión del espacio natural».

«La propuesta propone transformar en agrícola de regadío los terrenos que incumplían los requisitos necesarios para ello cuando se puso en marcha el Plan de la Fresa de Doñana y fueron por ello excluidos, pretendiendo ahora que esos terrenos puedan obtener derechos de aguas, que procederán de aguas superficiales, salvo que la Administración hidráulica de la Demarcación Hidrográfica donde se encuentren estos terrenos establezca un origen de recursos diferente», ha explicado la entidad.

Es decir, según ha abundado la plataforma, esta norma hace que los cultivos de secano sin derechos de agua «se transformen a regadío, pudiendo solicitar el agua necesaria, cuya concesión corresponde a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico».

Ante ello, la plataforma ha recordado que en diciembre se cerró el proceso participativo del Plan Hidrológico del Guadalquivir para el periodo 2023-2027 y «ni la Junta de Andalucía ni el Partido Popular, proponente de esta nueva ley, realizaron las alegaciones pertinentes para considerar este incremento de solicitudes de agua que se produciría con la legalización de todas hectáreas de secano como superficie regable», ya que «al no haber agua y con el cambio climático y sus efectos evidenciados en la falta de lluvias y el aumento de temperatura, estas alegaciones probablemente no habrían prosperado».

«Por ello, es evidente que no se busca solucionar el problema de la agricultura de secano ni la extracción ilegal de agua o el exceso de demanda de agua, sino pasar el problema a otra Administración que no podría solucionarlo, con lo cual no se beneficia a Doñana, pues los pozos ilegales seguirán funcionando de todas todas, y, lo que es más, podría desencadenar en la comarca un conflicto social, económico y ambiental aún mayor», ha aseverado la plataforma.

Por otra parte, según ha señalado la entidad, los terrenos que han tenido uso forestal de ciclo corto, eucaliptal mayoritariamente, «podrían ser deforestados y pasar a regadío», toda vez que ha subrayado que «contraviene la política europea de no consumir productos agrícolas en territorio comunitario procedentes de la deforestación», ya que «puede suponer una multiplicación del valor de la hectárea de suelo, pudiendo dar lugar a una especulación incontrolada, contra la cual no existen mecanismos legales ni administrativos que puedan evitarla».

Por todo ello, ‘Salvemos Doñana’ han reprochado a la Junta que «persiste en la negativa de retirar la proposición de ley antes de las elecciones municipales», además de «no hacer público y ejecutar el plan de extracciones anual ni emplazar a todos los actores implicados al debate, la búsqueda de alternativas y el consenso».

«Todo ello ha sido solicitado, tanto por el Consejo de Participación de Doñana, como por otras entidades, como gesto del actual Gobierno andaluz de que verdaderamente no se trata de una medida electoralista; de que, verdaderamente, lo que importa es conservar Doñana. Pero así se demuestra que, mientras el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, repite el mantra de su revolución verde, la política andaluza no solo dista de ser verde, sino que, además, no se enmarca en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030», han concluido.