El lucenero Manuel Mora es el nuevo portavoz de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, quien llega para reforzar al equipo que ya trabaja en el colectivo de agricultores para la llegada del agua y la regularización de las explotaciones del Condado.
“Buscamos que los agricultores reciban respuestas y que el Pacto de Doñana les proporcione la mejor solución posible”, ha explicado Mora, que hace hincapié en que en los municipios de la Plataforma -Moguer, Lucena del Puerto, Bonares, Rociana del Condado y Almonte- “los agricultores querían seguir cultivando sus tierras, como venían haciendo durante generaciones, proporcionando riqueza a la comarca”.
Sobre este acuerdo de Doñana, firmado el pasado noviembre en Almonte, el portavoz de la Plataforma ha argumentado que “ya llega tarde, alargando una situación en el Condado que en muchos casos es dramática. Si la normativa se hubiese aprobado en abril y mayo pasados, tal y como fue anunciado y estaba previsto, los agricultores ya se habrían acogido y habría paz social de nuevo en la zona”.
Reuniones para Manuel Mora
Para atender esta y otras respuestas, el colectivo de agricultores ha solicitado reuniones conjuntas a Gobierno central y Junta de Andalucía, unas peticiones que aún no han sido atendidas. “Esperamos tener una mesa de trabajo, de consenso, en la que todas las partes se comprometan y se ofrezcan soluciones”. Una de las preocupaciones del colectivo es “que la normativa se siga retrasando y los agricultores continúen en el ‘limbo’, cuando estamos a semanas de arrancar una nueva campaña con la preparación del terreno, en el caso de la fresa”.
El portavoz de la Plataforma ha hecho hincapié en que siempre han “confiado en la palabra dada por cada uno de los agentes implicados, tanto el Gobierno central como el andaluz”, pero ahora los agricultores necesitan “realidades y confirmaciones”.
Hace algunas semanas, la Plataforma reunió a sus agricultores y representantes del sector agrícola en Huelva en asamblea en la que “ratificaron que se tomarían las medidas necesarias si no llega una solución para todos los afectados”, tras un acuerdo que se firmó hace 8 meses y por el que “retiramos una proposición de ley del Parlamento andaluz a la que todos se podrían haber acogido, y la otra parte no ha cumplido su palabra”.
