La II República, de la cual se ha cumplido recientemente el 82º aniversario, realizó un esfuerzo por la vertebración del Estado por medio de estatutos de autonomía. Cataluña, Galicia y el País Vasco lo consiguieron, mientras que Andalucía se quedó en puertas debido al estallido de la Guerra Civil. En la restauración dinástica del siglo pasado llevada a cabo por el General Franco y consagrada en la Constitución del 78, también se hizo lo mismo, pero las cosas no parecen arreglarse del todo, más bien las tensiones territoriales se agudizan en los últimos tiempos.
No debe ser casualidad, después de lo escrito en la primera entrega de estos Laberintos del Estado, que fuese el primer Borbón reinante en España, Felipe V, quien provocase una crisis institucional, política y emocional que aún no se ha cerrado y que no sabemos por donde puede terminar. Aquel monarca, queriendo imponer el modelo centralista francés, trasladó las instituciones y lengua castellana como forma obligatoria a todos los territorios del Estado, cerrando la puerta al normal desarrollo que hasta ahí tenían los diferentes partes de lo que llamamos España. Ahora, a punto de cumplirse el tercer centenario de los Decretos de Nueva Planta (1714), las posturas están más que encontradas y la salida quiere ser la independencia tanto en las Vascongadas como en Cataluña.
El gobierno central ha tratado de relajar la tensión soberanista en Cataluña por medio de un pacto fiscal cercano a aquél que Rajoy rechazó en su primer encuentro con Artur Mas. Por su parte, a estas alturas y tras entrevistarse con diferentes comisarios europeos, el presidente de la Generalitat sigue impulsando la consulta independentista, pero de modo más sosegado. ¿Cómo evitar que Cataluña y las Vascongadas materialicen la proclamación de la independencia por la vía refrendaria? ¿Puede el gobierno central oponerse a la voluntad soberana expresada por medio de un referéndum, pactado o no, o de una ley de consultas autonómica ¿Qué respuesta internacional obtendría la nueva situación creada? El apoyo que los socialistas catalanes han dado a la consulta, por mucho que ellos digan que sólo en caso de que sea legal, añade una preocupación más al Estado, ya que nadie podía pensar en principio que los socios del PSOE en Cataluña dieran un paso de esa magnitud.
A Mariano Rajoy le quedan dos caminos: el de la negociación seria y sincera con Cataluña y el País Vasco, o tomar medidas severas conformes a la Constitución. La primera opción se encontraría con la oposición de la militancia y las bases electorales del PP, mayoritariamente partidaria de la mano dura e incluso de la recentralización del Estado. La segunda, daría mayor alcance social a la postura secesionista. Mi impresión es que la cuestión trasciende al ejecutivo y que sólo una negociación multilateral, incluyendo a otras formaciones políticas, podría acercar posturas, incluida la reforma constitucional. La plurinacionalidad de España es algo que ya debería estar asumida y esa realidad tendría estar reflejada en una legislación que ya habría de estar adecuada a la misma. Intentar reprimir los sentimientos y las convicciones personales y de los grupos sociales no soluciona nada, sólo alarga y empeora los conflictos.
El primer Borbón reinante en España que provocó el actual problema con su centralización afrancesada, nos hundió en la incomprensión de unos contra otros. Hoy toca a los dirigentes políticos enmendar la plana a aquella majestad insensible e ignorante de qué querían o necesitaban las diversas comunidades que componían España. De hecho, hoy siguen queriendo lo mismo si no más. Rajoy, Rubalcaba y el resto de dirigentes políticos deben tomar nota y perder el miedo en el avance en los autogobiernos de aquellos que los piden y necesita, Lo contrario, nos llevará a la ruptura del Estado o a la represión en algunas de sus partes y ese laberinto necesita diplomacia vaticana para poder salvarlo.