El sector de Justicia del sindicato CSIF ha denunciado el estado “deplorable” de muchas de las infraestructuras judiciales de la provincia de Huelva y “la falta de iniciativa de la Administración para resolver esos problemas”, por lo que le ha reclamado “que sea diligente y dignifique estos espacios”. Aprovechando que recientemente se ha abierto el año judicial 2021-2022, el sindicato ha recopilado deficiencias y carencias y ha detectado diferentes puntos negros entre los que destacan los juzgados de la capital y los de la localidad de Ayamonte, con sedes con espacios insalubres o peligrosos por el desplome de parte de la edificación, además del viejo problema de la falta de espacio y el “hacinamiento”, con el riesgo añadido que esto supone con la pandemia.

En la capital, existe el problema generalizado de la dispersión de las sedes judiciales que genera un enorme desconcierto entre los ciudadanos a la hora de dirigirse a uno u otro edificio. Además, existen determinados juzgados como los sociales, algunos penales, los de primera instancia, la Fiscalía y la oficina de Decanato donde el espacio es “totalmente insuficiente”. De forma generalizada, los archivos de los edificios se encuentran en “muy malas condiciones”, tal y como ha comprobado CSIF. En concreto, el caso más grave es el archivo de la Fiscalía, en el Palacio de Justicia, donde hay un socavón en el techo provocado por un derrumbe.

En el Instituto de Medicina Legal (IML), las instalaciones “se han quedado pequeñas” en unas dependencias en las que tienen que trabajar los médicos forenses y el resto de empleados públicos con cada vez menos espacio.

En el caso de la provincia onubense, CSIF remarca que en todos los partidos judiciales se repiten problemas de seguridad, hacinamiento y mantenimiento. En este sentido, la central sindical marca como punto negro los juzgados de la localidad de Ayamonte donde se “necesita una sede decente con urgencia” porque se trata de un edificio antiguo donde se encuentran cuatro de sus cinco juzgados. Estas instalaciones “ya no dan más de sí y la falta de espacio hace que la plantilla se hacine”, indica María Paz de la Cruz, responsable provincial del sector de Justicia de CSIF. La central sindical también se hace eco del mal estado del mobiliario, con puertas y sillas rotas que no se arreglan desde hace años.

Por otra parte, con las reformas que se han ido ejecutando, en vez de ampliar las instalaciones se han reubicado dependencias y se han recortado espacios. Una de las consecuencias de ello es que el Colegio de Procuradores actualmente se ubica en un antiguo aseo para caballeros, por lo que estos profesionales no pueden entrar en estas dependencias ante “el irrisorio espacio que les dejaron después de ubicar en sus antiguas instalaciones la sala Gesell para menores”. El aseo para mujeres ahora es mixto, con una zona común para ambos sexos.

En cuanto al sótano, CSIF ha comprobado que “es imposible entrar” porque tras sufrir una inundación alguna de la documentación “se encuentra putrefacta”. Además del problema de no poder acceder ni utilizar estos archivos, el ambiente es irrespirable en el sótano por lo que se debe entrar con mascarilla; es más, algunos trabajadores con problemas respiratorios directamente no pueden acceder a estas dependencias.

En la localidad de Valverde, hace meses que desde CSIF se solicitó la colocación de nuevos estores en las ventanas ya que los que hay actualmente están rotos y la luz da directamente en las pantallas de los ordenadores de las personas trabajadoras, siendo perjudicial para su salud. Algunos han tenido que taparlas con cartones, e incluso con cortinas que han confeccionado personalmente en sus casas, explica María Paz de la Cruz. El mismo problema existe en un juzgado de La Palma del Condado, donde desde hace varios años se está solicitando un estor de las medidas de la ventana.

En los juzgados de este mismo municipio, CSIF describe el “lamentable” estado de las instalaciones: el baño público no funciona y se queda atascado, en los archivos hay una estantería que está a punto de caerse, incluso los técnicos de prevención de riesgos laborales corroboraron su mal estado “siendo peligrosa” para los trabajadores e instaron a arreglarlo de forma urgente. Eso fue hace bastantes meses y aún continúa de la misma manera. Entre las mesas de los empleados públicos hay cables por el suelo, muchos de ellos sin protección, con el peligro que eso supone. Además, CSIF apunta que se necesitaría al menos un teléfono para comunicarse desde el juzgado con los calabozos cuando hay detenidos.

Finalmente, en los juzgados de Aracena, la zona del Registro Civil se moja cuando llueve debido “a las enormes goteras”. El archivo es muy pequeño y no hay apenas espacio; aún hay procedimientos de 1937 y 1940 que no han sido trasladados al archivo histórico. El mobiliario está en malas condiciones con sillas y muebles rotos. La sala de vistas tiene humedad en el techo y en la entrada habilitada para personas discapacitadas hay verdín y resbala.

Dejadez con las víctimas de violencia contra la mujer

CSIF ha comprobado cómo se encuentran las dependencias destinadas a las víctimas de violencia contra la mujer y, en este sentido, informa de que actualmente se están ejecutando obras de remodelación en el Palacio de Justicia de Huelva, reformando el juzgado de violencia sobre la mujer y que va a suponer -según ha comprobado el sindicato- la reducción del espacio disponible. Por otra parte, la sala para las víctimas de violencia, que se incluye en la reforma actual, carece de ventanas y de ventilación natural. Únicamente cuenta con una cristalera, pero sin luz exterior, para unas víctimas que se pueden llevar una media de cinco o seis horas esperando en esas dependencias. Un lugar excesivamente pequeño, sobre todo cuando lo tienen que compartir varias personas y en el que es imposible guardar la distancia de seguridad.

En este sentido, María Paz de la Cruz explica que “a las víctimas hay que tratarlas con más dignidad y no obligarlas a estar en una habitación que puede resultar claustrofóbica y agobiante, por la falta de ventanas, al estar en un sitio completamente cerrado”. La portavoz de la central sindical califica esta obra de “atrocidad porque las víctimas tienen que pasar allí muchísimas horas en una situación de estrés, miedo y desconcierto”.

A pocos metros, y en el mismo pasillo, se encuentra la sala de espera de los denunciados por violencia, dependencia que al igual que la sala de víctimas tampoco dispone de ventana al exterior ni de ventilación ni luz natural. Además, al estar en el mismo pasillo aunque en extremos opuestos, puede darse el caso de que la víctima coincida con la persona denunciada. “Una situación a todas luces intolerable”, remarca María Paz de la Cruz.

En el caso de Ayamonte, no existe sala de víctimas de violencia, con la gran cantidad de casos que se dan en este partido judicial. Las mujeres actualmente tienen que esperar a ser atendidas en el descansillo de unas escaleras.

En Moguer, la central sindical ha constatado que no hay sala para las víctimas de violencia de género, por lo que a fin de velar por su seguridad están “obligadas” a esperar en unas escaleras, una demora que en ocasiones dura entre tres y cuatro horas. Una situación similar se da en Aracena donde no disponen de sala de espera por lo que hay que buscar un lugar que en ese momento no esté ocupado para separarlas de los denunciados.

Estos son solo algunos de los ejemplos de la “lamentable situación y el nulo mantenimiento de las sedes judiciales de la provincia”. Por todo ello, desde CSIF se ha hecho un llamamiento a la Dirección General de Infraestructuras Judiciales y Modernización Digital para “solucionar el estado de estas instalaciones que necesitan una intervención urgente” ya que, en algunos casos, se está poniendo en riesgo la seguridad y la salud de los ciudadanos y de las personas trabajadoras, haciendo mención especial a la necesidad de mejorar las estancias destinadas a las víctimas de violencia contra la mujer. Finalmente, CSIF remarca la importancia de contar con la Ciudad de la Justicia como punto de inflexión para la mejora en la atención a la ciudadanía.