El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha refrendado el apoyo a los pequeños municipios y la defensa de los gobiernos provinciales como vertebradores del territorio y garantes de cohesión social, territorial y digital, objetivos expresados este lunes en la Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consells Insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), reunida en Sevilla.
En el encuentro de trabajo, han participado una treintena de presidentes y presidentas de gobiernos locales e insulares de todo el país, en la que ha sido la primera reunión que celebra la Comisión tras haber quedado constituida en el Senado.
Durante la jornada, se han abordado los proyectos de Registros Civiles y Oficinas Municipales de Justicia, que explicó la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia, Esther Pérez Jerez, así como el programa ‘La Administración cerca de ti’, a cargo de la secretaria general del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática-, a cargo de Myriam Álvarez.
En este foro, se ha informado además de la Ordenanza Tipo de Transparencia Pública, aprobada por la Junta de Gobierno de la FEMP, de la Ordenanza de Gestión de Residuos, de la reactivación de las reglas fiscales de 2024 y sus efectos en las Entidades Locales, así como de la migración de Datos de la DGT a la Plataforma de Intermediación de Datos (PID) para la gestión del ‘Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica y procedimiento sancionador’.
“Las diputaciones son las administraciones que vertebran los territorios y nuestra obligación es llevar los servicios a todos los municipios de la provincia, con independencia de su número de habitantes”, ha dicho el presidente de la Diputación de Almería y de la Comisión, Javier Aureliano García.
En este marco, los representantes de las administraciones provinciales han incidido en que las diputaciones además de conectar territorios con infraestructuras, “también conectamos personas”, ha manifestado Aureliano, para señalar también “la capilaridad” de las entidades provinciales e insulares a la hora de asegurar que los fondos y recursos lleguen “a todos los rincones”.
