La polémica se ha instalado en el Ayuntamiento de Almonte por la discusión sobre el tiempo de intervención de los concejales no adscritos. Según denuncia el Partido Popular en una nota de prensa, el alcalde, Francisco Bella, «pretendía limitar drásticamente los tiempos de intervención de los concejales no adscritos, vulnerando así sus derechos democráticos y dejando prácticamente sin voz a sus votantes».

Finalmente, el alcalde de Almonte ha retirado la propuesta de modificación del Reglamento Orgánico Municipal tras la solicitud de todos los partidos de la oposición de un informe a la secretaria del Ayuntamiento para clarificar la legalidad de la misma. La modificación propuesta habría vulnerado los derechos democráticos de los concejales, limitando de forma injusta sus tiempos de intervención.

La fórmula que se pretendía aprobar propiciaba la posibilidad de que un concejal no adscrito tuviera únicamente 26 segundos de intervención en total, repartidos en una primera intervención de 16 segundos y una réplica de 10 segundos, lo que resulta un claro ataque a la representación democrática y al derecho al debate en el pleno municipal.

“Es inadmisible que en un pleno se plantee la posibilidad de intervenir durante apenas unos segundos”, ha asegurado el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, quien considera que “esta medida no solo atenta contra los derechos de los concejales, sino que es una clara afrenta a los ciudadanos de Almonte, que ven cómo su representación queda reducida a prácticamente nada en los debates municipales”.

La retirada de este punto evidencia la fragilidad y falta de sustento jurídico de la propuesta del equipo de Gobierno, que buscaba reducir drásticamente los tiempos de intervención de los concejales, afectando de manera desproporcionada a la oposición. Este intento de limitar la voz de los concejales en el máximo órgano representativo de Almonte constituye no solo una afrenta a los miembros de la oposición, sino también a los ciudadanos del municipio, que ven mermada su representación en los debates plenarios.

“No vamos a permitir que se silencie ni que se recorten los tiempos de intervención de los concejales de manera tan flagrante”, ha afirmado Jiménez, que exige “que se garantice un debate pleno y democrático, donde los concejales puedan ejercer su labor sin este tipo de restricciones antidemocráticas”.

Ante esta situación, el grupo popular reivindica la necesidad de garantizar un debate democrático pleno, en el que se respeten los tiempos de intervención y se facilite el derecho a la réplica de todos los concejales, evitando cualquier tipo de censura encubierta.