Este martes ha dado comienzo en el Juzgado de lo Penal 1 de Huelva el juicio por las captaciones ilegales de agua desde el año 2009 en la finca Matalagrana, en el entorno del parque nacional de Doñana.
En este juicio, que se prologará durante dos semanas, hay 15 acusados, entre los que se encuentran dos exalcaldes de Almonte, para los que la Fiscalía pide las penas de dos años y diez meses de prisión, así como 13 titulares de las explotaciones y administradores de las sociedades, para los que se piden tres años y diez meses de prisión, por un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.
Dos de los agricultores acusados se han defendido en su declaración de este martes indicando que creían que el uso del agua era legal, señalando que el convenio con el Ayuntamiento de Almonte recogía el uso y explotación de las fincas y que estaba autorizada la extracción del agua de los sondeos realizados en los años 70. Los otros 11 agricultores acusados se han acogido a su derecho a no declarar.
Los dos que sí han declarado han explicado que el propietario de la finca era la Junta de Andalucía, que al no poder ceder directamente la explotación, lo hacía a través del Ayuntamiento de Almonte, al que pagaban un canon por hectárea de riego.
El secretario de la Asociación Matalagrana ha declarado que fue en 2007 cuando comenzó a tener conocimiento de una «posible irregularidad», al recibir un expediente sancionador. Ha añadido recurrió el expediente y que no fue hasta 2014 cuando descubrió que se había producido lo que ha calificado como un error administrativo, achacable al Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA).
Por su parte, uno de los alcaldes acusados, el popular José Antonio Domínguez, en declaraciones a los periodistas antes del inicio de la vista, ha dicho que la competencia en materia de agua y conservación del medio natural es de la Junta de Andalucía, por lo que no entendía la acusación por parte de la Fiscalía, ya que el Ayuntamiento no tiene competencias en materia de agua ni de su extracción..
Esta ha sido también la línea argumental de Alberto Mondaca, letrado del exalcalde socialista Francisco Bella, que no ha dudado en preguntar «por qué la Fiscalía no ha sentado a los presidentes del Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA), que fueron los que cedieron las tierras en convenio y los sondeos».
